El Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, hizo una nueva convocatoria a las urnas, esta vez denominada “Consulta Popular Anticorrupción” que mediante decreto se fijó para el próximo 26 de Agosto, es decir 20 días después de posesionado el nuevo presidente de Colombia Iván Duque Márquez.
Será una oportunidad para comenzar a ver la coherencia del nuevo jefe de Estado con su anuncio de luchar contra la corrupción, teniendo en cuenta que el artículo 34 de la ley estatutaria 1757 señala que “El Gobierno, Los Partidos, Movimientos Políticos y organizaciones sociales podrán hacer campaña a favor, en contra o abstención de algún mecanismo de participación”.
Aquí vale la pena señalar que para que la decisión del pueblo sea válida, la consulta popular deberá obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los votos válidos lo que significa que si hay habilitados 36.227.267 ciudadanos, deberán acudir a las urnas por lo menos la tercera parte es decir 12.075.755 ciudadanos, lo cual implica realizar una pedagogía y promoción intensa, dada la fatiga electoral que se percibe en muchos sectores de nuestra comunidad.
La consulta popular señala siete preguntas que el ciudadano deberá responder si ó no.
- Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.
- Cárcel a los corruptos y prohibirles contratar con el Estado (cumplir la totalidad de las penas en un centro de reclusión.
- Contratación transparente obligatoria en todo el país.
- Presupuesto público con participación de la ciudadanía (audiencias públicas para que se desglose y priorización del presupuesto)
- Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinción de dominio.
- No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en Corporación Pública. ( tres periodos en una misma corporación ).
Si bien es cierto, esta iniciativa impulsada por la actual senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano, es un paso para combatir la corrupción, consideramos que de aprobarse mayoritariamente las preguntas señaladas afirmativamente, no desaparecerán automáticamente los pillos tanto del sector público como privado que se apropian de millonarios recursos públicos, se requiere una acción decidida desde las más altas esferas del poder, comenzando por dar ejemplo en sus actuaciones que sirvan de espejo y referente para todos los funcionarios o equipos de gobierno.
Por otra parte se requiere de una justicia que actué sin sesgos y con decisiones oportunas y ejemplarizantes para los trasgresores de la ley.
Como ya lo hemos señalado en oportunidades anteriores en el combate a la corrupción deben implementarse sanciones sociales que puedan elevarse a normas constitucionales, tales como:
- Prohibición del salir del país a condenados por caso de corrupción (anulación del pasaporte).
- Limitación de la vida financiera no pudiendo tener movimientos más allá del mínimo vital.
- Anulación del tiempo de cotización que haya realizado para acceder a la pensión de vejez.
- Prohibición para firmar escrituras o documentos que lo acrediten como propietario de bienes muebles o inmuebles.
- Prohibición de pertenecer a ningún club social, deportivo, ONG o fundación.
- No podrá ejercer la docencia a ningún nivel de formación.
- Prohibición para asistir a espectáculos públicos, tales como festivales, conciertos, eventos deportivos, so pena de ser arrestado en caso de violación.
- Cuando se trate de servidores de la rama judicial, legislativa, entes de control, y las fuerzas militares, la sanción se hará extensiva a los familiares en primer grado de consanguinidad o de afinidad. Una educación pertinente desde la primera infancia en valores y ética se hace necesaria para tener unos ciudadanos respetuosos de las normas que rigen la sociedad.
