“Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del postconflicto, lo que ha aumentado el homicidio en 6,5% en el primer semestre de 2018”, dijo el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.
De acuerdo con el director de Fiscalías, la nueva dinámica delictiva en los territorios de consolidación, luego del abandono de las armas por parte de las Farc, está caracterizada por el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones delincuenciales, que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico.
“Esto ha generado nuevos conflictos en las zonas donde hacen presencia estas bandas, las cuales luchan por su posicionamiento y consolidación a través del control de los cultivos ilícitos y además de buscar mantener el dominio de los corredores del narcotráfico”.
De acuerdo con los investigadores, las regiones más afectadas por estas nuevas dinámicas son particularmente Cauca y Antioquia, donde se está experimentando una mayor afectación a los líderes sociales.
Las estadísticas a cierre del primer semestre de 2018, indican un incrementó del homicidio a nivel nacional a una tasa del 6,5% en año corrido, como resultado de las confrontaciones territoriales entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.
“En medio de este conflicto se están viendo seriamente afectados los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”, dijo Martínez Neira.
Agregó que en los territorios de narcocultivos y corredores del narcotráfico, la situación es dramática y preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el homicidio está creciendo en año corrido un 164%, y durante el primer semestre de 2018, este delito creció en un 47% en Antioquia.
De los 178 líderes sociales que han sido asesinados entre 2016 y 2018, según el listado de la ONU, se ha establecido la autoría de los homicidas en el 50% de los casos. Por ello, han sido capturadas 184 personas, imputadas de esos crímenes, y, en total, se han vinculado 211 a las investigaciones.
Los resultados presentados por la Fiscalía muestran que los perpetradores de estos crímenes son, en mayor importancia, miembros del Clan del Golfo y de Grupos de Delincuencia Organizada, que se dedican al cultivo y tráfico de drogas y al narcomenudeo. “No desfalleceremos en el esfuerzo de judicializar a los asesinos de nuestros líderes, pero debemos decirlo con claridad: la razón del Estado no es contar muertos y, por ello, lo que tenemos que hacer como sociedad es preservar sus vidas”, concluyó el Fiscal Martínez Neira.
La Fiscalía General de la Nación le propuso al Congreso tipificar por primera vez el delito de amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La iniciativa, que fue aprobada por el Congreso de la República, será sancionada este próximo lunes, con lo cual las amenazas serán judicializadas rápidamente con penas entre 6 y 10 años de prisión y es por definición un delito en Colombia a partir del próximo 9 de julio de 2018.
