El director ejecutivo de la Seccional de Administración Judicial de Cartagena, Hernando Sierra Porto, confirmó al responder un derecho de petición de la Veeduría de la Rama Judicial (Vejuca), que varias EPS en la ciudad no están acatando los fallos de tutela impuestos por los jueces y aseguró que Coomeva es la entidad que más ha desconocido las órdenes judiciales en 2018.
«De 59 multas se le abrieron a Coomeva 56 procesos de cobro coactivo. Es la que más valor en multas tiene: $245.980.568; seguida por la EPS Medimás, a la cual, de 26 multas, se le abrieron 25 procesos”.
También se impusieron multas a las EPS Ambuq (8), Comfamiliar (7), Comfacor (5) y Nueva EPS (1), para un total de 106 multas impuestas a EPS, de enero a septiembre de este año.
Frente a estas últimas, las multas tienen los siguientes valores. Comfamiliar, $41.754.818; Ambuq, $13.063.489; Nueva EPS, $737.717; y no se reportó el valor de las de Comfacor. Las reportadas, incluidas las de Coomeva y Medimás, suman $364.246.953.
La única EPS que canceló su multa sin necesidad de un proceso por cobro coactivo fue Nueva EPS. Las demás tienen abiertos procesos de cobro coactivo, así: Coomeva, 56 de 59 multas, es decir que por voluntad propia solo canceló 3 multas; Medimás, 25 de 26 multas; Comfamiliar, 6 de 7 multas; Ambuq, 4 de 8 multas; y Comfacor, 4 de 5 multas.
El presidente de Vejuca, Erick Urueta Benavides dijo que las EPS le están adeudando a la Rama Judicial de Cartagena $267.355.311, pues esta solo ha recaudado el 26,6 % de las multas impuestas.
Urueta Benavides Invitó a las Entidades Promotoras de Salud a que cancelen lo adeudado al Estado, por concepto de multas también requirió a la Rama Judicial que agilice los procesos de cobro coactivo, emitiendo las medidas cautelares pertinentes, y desarrolle “un sistema más ágil que pueda indicar qué EPS canceló y cual debe multas”.
Recalcó que “es preocupante que las EPS estén cancelando estos dineros por concepto de multas, cuando deben aunar esfuerzos para que a los usuarios se les preste un adecuado servicio dentro del Sistema General de Seguridad en Salud y así evitar estas sanciones, que muy fácilmente pueden ser invertidas en sus afiliados”.
