Una planta de producción de carne de cerdo, sin ninguna autorización del Invima, ni de las autoridades departamentales, fue hallada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Realizaban actividades de producción primaria, sacrificio, beneficio, desposte, desprese, transporte y comercialización al público.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó en Pereira (Risaralda) ante un juez penal de garantías a las cinco personas, a quienes les formuló cargos, en calidad de coautores, por los delitos de concierto para delinquir, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o materiales profilácticos.
Los procesados, que aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria, son:
- Asael Arboleda Osorio, alias “El Gordo”, supuesto jefe de la organización.
- Gabriel Antonio Arteaga, alias “Gaby”, quien al parecer se encargaba de la comercialización.
- José León Arboleda, alias “Leo”, servía de vigía, avisaba los movimientos de las autoridades.
- Alberto Acevedo Salazar, alias “Garrafón”, supuesto colaborador en el sacrificio clandestino.
- Jhon Fredy Arboleda, alias “Jhon”, estaba a cargo de transportar la carne.
La Fiscalía estableció que durante dos años estos hombres obtuvieron beneficio económico por ser los dinamizadores, transportadores y comercializadores de la citada planta, que funcionaba en una casa común con adecuaciones. Se evidenció igualmente que los lugares dispuestos para el almacenamiento, distribución y venta de los cárnicos no eran aptos y había presencia de cucarachas. Además, se determinó que en el proceso del transporte no se garantizaba la cadena de frío.
La existencia del local como matadero y beneficio de la carne de porcino ilegal representaba un riesgo para la salud de quienes consumían el producto, no solo por la insalubridad en el sacrificio y venta de la carne, sino por la comercialización de productos alternos.
En el sitio se elaboraban chorizos que eran vendidos en supermercados a nivel nacional. Los implicados, presuntamente, estaban contaminando el medio ambiente al verter los desechos orgánicos sobrantes del sacrificio en la quebrada Santa Helena y el río San Eugenio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
El trabajo investigativo requirió de tres allanamientos en los distintos sitios de sacrificio, almacenaje o distribución. En estos lugares se encontraron cerdos vivos, 255 kilos de carne y vísceras que fueron incautadas y sometidas al proceso de desnaturalización ante una entidad autorizada.
