Esta semana se conoció el caso de una profesora de secundaria en el Valle, Sandra Ximena Caicedo, que puso a sus estudiantes una tarea sobre los «falsos positivos”. Entre las preguntas había una en que indagaba sobre «la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe”. Algunas personas señalaron que era un típico ejemplo de adoctrinamiento de nuestros jóvenes. Fecode sostuvo que era un «linchamiento mediático” y rechazó «en general, la persecución, señalamientos y amenazas contra el Magisterio Colombiano (sic)”.
Miller Soto, en un hilo de trinos, resaltaba las razones por las que el planteamiento de la profesora tenía un claro sesgo ideológico: la tarea asumía responsabilidades sin que hubieran pruebas, se culpaba a las instituciones, que «también se ven afectadas por las acciones irregulares de sus agentes”, y no a los individuos que cometieron los actos delincuenciales, hay una brecha entre la responsabilidad administrativa por los delitos de sus funcionarios y convertir al Estado en criminal, si se va a hablar de responsabilidad de unos en el conflicto hay que señalar también la de los otros que, además, es muchísimo mayor en volumen, y la acusación contra Uribe por los delitos cometidos por otros «no es enseñar, pues no hay prueba o soporte jurídico que respalde ese tipo de mensaje”.
Terminaba Soto señalando que «una cosa es enseñar y otra es adoctrinar. Nadie puede negar que en Colombia muchos ‘docentes’ hacen lo segundo; o sea, hacen daño”.
Como el de Sandra Caicedo hay muchos casos similares. De hecho, hay múltiples ejemplos de la militancia política de izquierda de Fecode, sindicato que se precia de ser «cerca del 50% del total de afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con una cobertura de 270.000 docentes afiliados/as (sic) de los casi 312.000 docentes en todo el país al servicio del Estado”. De hecho, muchos de sus dirigentes han sido congresistas por partidos de la extrema izquierda, a sus asambleas asisten los líderes de esos grupos extremistas y hay múltiples fotos en los que aparecen los logos de Fecode junto con los del partido comunista y las Farc. En realidad, aunque no todos sus afiliados son de extrema y algunos ni siquiera son de izquierda, los dirigentes del sindicato no se preocupan en negar sus afinidades ideológicas con el marxismo leninismo.
La militancia política del sindicato puede ser controversial pero lo que es inaceptable es el adoctrinamiento, el abuso de la cátedra y de las aulas para formar ideológicamente a niños y jóvenes en los principios del marxismo y, con frecuencia, del marxismo leninismo, y su intención política de ganar adeptos para los partidos extremistas en los que militan muchos de sus afiliados y casi todos sus dirigentes sindicales. Algunos, además, han hecho parte de los grupos terroristas.
Y aunque aquí, como en el caso de la Fuerza Pública, no pueda señalarse a todo el sindicato por la conducta de algunos de sus miembros, no sobra recordar que el marxismo leninismo es una filosofía de odio, que no fomenta la fraternidad sino la lucha de clases, que ve a quienes no hacen parte “del proletariado” como enemigos, y que promueve la violencia como parte integral de la «combinación de todas las formas de lucha” que hay que usar para el triunfo de la “revolución”.
De hecho, el adoctrinamiento es parte del proceso revolucionario. Y en su versión más “suave», evolución de los planteamientos de Antonio Gramsci, clave para la revolución cultural. Gramsci entendió que la línea bolchevique era débil e insostenible, que ninguna ideología puede imponerse por la fuerza, y que el control político de una sociedad a largo plazo no se conseguía por la violencia y el miedo sino a través de «la hegemonía ideológica” y la subversión cultural. Por eso la izquierda contemporánea trabaja por la infiltración de sus ideas, valores y creencias en la sociedad. En ese propósito las aulas son vitales.
Para quien tenga duda sobre la influencia de la extrema izquierda sobre los profesores, va este dato de la Encuesta Docente Bogotá 2009, que preguntó a todos los 31.000 docentes del sistema público de la capital, la más profunda que se haya en Colombia: el 38%, casi dos de cada cinco, señaló estar de acuerdo con lucha armada.
