Las marchas agresivas que vienen promoviendo algunos personajes de la vida pública en Colombia han sido utilizadas como sofisma de distracción por políticos corruptos que buscan sacar adelante proyectos inescrupulosos. Desde reuniones partidistas, para apoderarse de Contralorías departamentales y municipales, con el fin de evitar investigaciones fiscales por el dinero que se han robado, hasta la creación de dieciséis curules más en el Congreso y la preclusión de investigaciones penales por peculado son algunas de las perlas que vienen pasando desapercibidas por estos días.
El terrorismo urbano que se ha tomado al Paro está haciendo un daño gravísimo al ejercicio del derecho constitucional de manifestarse pública y pacíficamente. Se está dejando un precedente que puede generar en los colombianos un estigma negativo en el uso de este derecho y, al mismo tiempo, está canalizando el inconformismo económico y político de la ciudadanía, desde los funcionarios corruptos hacia otros ciudadanos que también quieren mejores oportunidades, quitando así la presión sobre los primeros.
La lucha del Pueblo contra los abusos de la clase política debe ser inteligente. No se trata de salir a marchar por situaciones genéricas, indeterminadas y abstractas, como protestar contra la corrupción o contra el sistema, sino de identificar elementos precisos y enfocar la protesta en ellos hasta que se logre el objetivo. Para ilustrar, puede usarse el siguiente ejemplo: los líderes del Partido de la U en el departamento de Córdoba causaron un desfalco fiscal sin precedentes en el gobierno pasado, en el cual, el país pudo conocer la red criminal que abarcaba al Cartel de la Hemofilia, al Cartel del Síndrome de Down, al Cartel del Asilo, al asesinato de Jairo Zapa, al Cartel de la Toga, a un ex gobernador de Córdoba y a un fiscal anticorrupción. Ante estos hechos, los cordobeses deben salir a marchar contra esas estructuras delictivas que se tomaron el poder en el departamento y dirigir su inconformismo hacía esos métodos de apropiación de recursos públicos, para avanzar en la protesta hasta que se logren resultados satisfactorios. Sin embargo, es inútil lo que pasó hace dos días en Montería, donde un grupo de personas salió a vandalizar un supermercado y unos cajeros automáticos, mediante actos violentos que sólo afectaron a la clase trabajadora y dieron la impresión de tratarse de un ataque contra la sociedad civil, que en nada afectó los planes de la corrupción política.
La protesta ejercida sin norte, sin rumbo, sin objetivos determinados y específicos, que se deja llevar por los vientos de la emoción, donde de manera indiscriminada se ataca a la clase trabajadora y a las Fuerzas del Orden, parece un intento de golpe de Estado y una apropiación ilegítima de las instituciones públicas por parte de un movimiento autoritario, que hace uso de pretextos humanitarios como camuflaje de sus intenciones reales.
Al Paro se le acabó su razón de ser. Lo que queda es una estructura que de manera coordinada viene ejecutando acciones violentas contra la sociedad trabajadora en Colombia y, que, al igual que Pablo Escobar, busca controlar al país por el uso de la violencia y el caos. Algunas similitudes con lo vivido en Colombia a finales de los 80 y principios de los 90, son las siguientes:
1. Presionar con terrorismo la realización de una constituyente. Pablo Escobar ejerció la violencia indiscriminadamente contra la sociedad civil colombiana y contra las instituciones del Estado, para que fuera realizada una Asamblea Nacional Constituyente que prohibiera la extradición. Una vez alcanzado su objetivo, El Espectador tituló: “Ganó el Terror”. En este mismo sentido, los promotores del paro vienen haciendo uso de la violencia indiscriminada y el caos contra la sociedad civil, con el fin de lograr que el Gobierno promueva una Asamblea Nacional Constituyente que pueda ser ajustada a los valores y principios constitucionales que obedezcan a intereses ideológicos determinados.
2. Quemar los centros de administración de justicia. En su momento, Escobar contrató al M-19, para que fueran quemados los expedientes y las pruebas que cursaban en su contra dentro de la sede del Palacio de Justicia de Bogotá, lo cual resultó ser un éxito para su organización criminal. Algo similar se puede apreciar con el terrorismo urbano desatado por los militantes del Paro, quienes vienen atacando los establecimientos de justicia en el país, como ha sucedido con el Palacio de Justicia de Tuluá, que fue quemado con expedientes que contenían información importante sobre investigaciones contra organizaciones criminales.
3. Declaratoria de guerra frontal contra las Fuerzas del Orden. El Cartel de Medellín desplegó una lucha violenta contra la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la que fueron destruidos diversos CAI y asesinados numerosos policías. Además, los integrantes de esa organización trataron de debilitar jurídicamente las acciones de las Fuerzas del Orden, al extorsionar al presidente de turno con retaliaciones violentas. Lo mismo, aunque en menor proporción, se puede observar con los terroristas urbanos que militan en el Paro, quienes han declarado una guerra directa contra los integrantes del ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército, a través del uso de propaganda por redes sociales, ataques con armas de todo tipo, intentos de quemar vivos a sus integrantes y hasta con el abuso sexual de mujeres policías.
4. Uso del terror como método para controlar a la sociedad civil. En su época, Escobar realizó actos terroristas en medios de trasporte terrestre y aéreo, que generaron el repudio y el temor de la sociedad civil. Así también, los ataques que vienen realizando los militantes del Paro a los sistemas de transporte, a la infraestructura vial, a las despensas alimenticias y a las misiones médicas en distintas ciudades del país es un acto que busca generar caos y que tarde o temprano les pasará factura. Además, en la actualidad, existe un factor adicional reflejado en los grupos de trolls que atacan agresivamente a quienes comenten por redes sociales su inconformismo con el Paro, mediante el uso de todo tipo de calificativos denigrantes.
Pablo Escobar decía que sólo a través del caos y la violencia se podía lograr que el Gobierno se sentara a negociar con él. Su tesis fue parcialmente cierta, porque al principio, el Gobierno de turno no tuvo otra opción que ceder a sus pretensiones, pero luego de un tiempo, fue la misma sociedad civil la que se cansó y la que pidió su cabeza.
