Recientemente, se dio a conocer un borrador que busca llevar al Congreso un proyecto de ley por parte de los ministerios de Defensa e Interior y Justicia para hacerle frente al grave fenómeno de la inseguridad ciudadana. Mientras que estas dos carteras garantes del derecho a la seguridad de la ciudadanía elaboran una propuesta que aún no pasa de ser un proyecto en papel, día a día, se siguen materializando hechos vandálicos en las calles de nuestro país.
Durante un robo, ¿Qué ciudadano sabe diferenciar entre un arma de fuego, una traumática o una de fogueo? Luego de ser asaltado y en muchos casos con lesiones físicas que llegan hasta la muerte de la víctima los daños son irremediables.
Para nadie es un secreto que el departamento del Cesar, hace parte de las regiones con mayores índices delincuenciales, con carencias en el pie de fuerza y altos índices de desempleo por mencionar algunos de los aspectos que trascienden y elevan las cifras de la inseguridad; tema tratado en mi columna. “El pasado de la inseguridad, reflejo de un fallido sistema pos pandemia”.
Sobre la mesa, un proyecto que busca regular el uso de armas traumáticas pero la pregunta es ¿hasta qué punto se regula la venta de este tipo de armamentos? cuando en la capital del Cesar, Valledupar, a simple vista se encuentran dos puntos para el expendio de armas como si fuesen prendas de vestir, irónicamente uno en frente del Batallón La Popa y el segundo en la calle 13 con 9na., solo basta darse una pasadita por estos lugares para ver las tentadoras ofertas para adquirir un arma. ¿Creen ustedes que regulando el porte se solucionará la problemática de la inseguridad? ¿Cuánto ha de pasar para que esa arma adquirida por el medio que fuese, legal o ilegal sea protagonista de un delito y que las autoridades logren dar con el paradero de ella y su portador?
En declaraciones recientes el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, expresó que en la lucha contra la delincuencia deben participar todos. “Si la ciudadanía no denuncia, será más difícil lograr los resultados. Si la Fuerza Pública hace su trabajo de capturar a los delincuentes, pero las autoridades judiciales no contribuyen con la judicialización, los tendremos nuevamente en las calles atacando a los ciudadanos”. Evidentemente, pareciera que el ministro desconoce el actuar de los cuerpos de seguridad en muchos de nuestros departamentos, por ejemplo, en la capital del Cesar, la respuesta de las autoridades frente a una denuncia son tardías y es justificable en algunos casos, no hay pie de fuerza para atender tantos casos, escenario que hace que los cuerpos de seguridad pierdan credibilidad frente a la ciudadanía con el agravante de la falta de empatía de algunos funcionarios para dar respuesta a algunos sucesos.
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El documento que adelantan los ministerios no contempla la regulación de este tipo de artefactos y esto sería un completo error. La situación no se puede atacar cuando el arma ya esté en la calle, debe controlarse desde el momento de su venta. Los colombianos no deberían tener derecho a la compra de manera libre de un armamento sea traumático o de fogueo, los colombianos deberían tener derecho al libre tránsito sin temor a ser robados o en el peor de los escenarios asesinados; ¿o es que ese tipo de armas no matan?.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y el Ministerio de Defensa, la incautación de armas traumáticas en Colombia, pasó de 5.478 en 2019 a 6.569 hasta julio de 2021, de las que no menos de 5.470 infringen el Código de Policía. Este balance debería llamar a reflexión a las autoridades nacionales puesto que la modificación al Código Penal, al de Procedimiento Penal, al Código de Policía, y regulación de las armas menos letales y blancas no solo debe aplicarse cuando estén en la calle sino fijar un riguroso control previo a su venta evitando la desviación del propósito de su adquisición y garantizando una plena seguridad a todos los colombianos.
