La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 10 presuntos integrantes de una red delictiva señalada de prestar dinero en la modalidad ‘gota-gota’, quienes son señalados de coordinar la actividad ilegal en Risaralda, y llevarla a otros departamentos y poblaciones de Ecuador.
Estas personas, al parecer, amenazaban y desplazaban a familias de sus hogares para asegurar el pago de las deudas y los exagerados intereses que imponían, los cuales les representaban millonarias ganancias diarias en efectivo. Con estos dineros habrían adquirido camionetas de gama alta, cada una avaluada en más de 300’000.000 de pesos; así como casas en sectores exclusivos de distintas ciudades del país y otros bienes.
Adicionalmente, durante los procedimientos de captura de los procesados se encontraron 500 gramos de oro, 35’000.000 de pesos y 410 dólares en efectivo.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra Lavado de Activos imputó a los supuestos integrantes de la estructura de ‘gota a gota’ los delitos de lavado activos, enriquecimiento ilícito de particulares, financiación a grupos delincuenciales, constreñimiento ilegal y concierto para delinquir.
Entre los vinculados a la investigación está el señalado cabecilla, alias “Chorro” quien responde al nombre de Rusbel Alexander Castro Calambas. Hay material de prueba que este hombre junto a su organización aportaban recursos al aparato armado de la estructura delictiva ‘Cordillera’, que tiene injerencia en el Eje Cafetero.
Paralelo al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 39 inmuebles, muebles, sociedades, establecimientos de comercio y acciones que pertenecerían a las personas que estarían involucradas en los prestamos ilícitos.
Los bienes, cuyo valor comercial asciende a 7.700 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Policía Nacional en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Copacabana (Antioquia); Manizales y Aránzazu (Caldas); Pitalito (Huila), Ipiales (Nariño) y Cajibío (Cauca). Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
