Las declaraciones y decisiones de Petro y su gobierno no son solo polémicas, sino muy preocupantes y, en muchos casos, contrarias a los hechos, contra fácticas o abiertamente mentirosas. Y muchas afectan de manera muy negativa la democracia, al estado de derecho, la separación de poderes y el bienestar de la población.
Gravísima es una afirmación hecha hace un par de días, enfrente de un nutrido grupo de cocaleros, en el Tarra, Catatumbo. Petro dijo que, “los campesinos podrán seguir sembrando coca mientras que prueban con cultivos sustitutos”.
Primero, no puede ser Petro, ni ningún jefe de gobierno, quien decida si se puede o no sembrar coca. Cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca es hoy un delito, art. 375 del Código Penal, y solo el Congreso, mediante una ley, puede retirar la sanción penal. De ninguna manera puede hacerlo Petro.
El día en que sea un jefe de gobierno quien decida las conductas que son o no son un delito estaremos en un régimen autocrático y no en una democracia. Petro se entromete en las competencias del Congreso y viola la ley.
Después, la excusa para darle vía libre a los cultivos de coca es, además, muy peligrosa. Dice Petro que, “el Estado debe cumplir la voluntad de la sociedad [y que] es la gente del común la que tiene el poder”. La idea de que el Estado debe cumplir la voluntad de los ciudadanos (de todos los ciudadanos, sean “del común” o no), es la base de la democracia. Pero ocurre que él no es el Estado y que «la sociedad” y “la gente del común” se expresan en una democracia a través de sus parlamentarios en el Congreso.
En el discurso de Petro subyace la pretensión de que es él es vocero de «la sociedad” y de «la gente del común” y ahí, de nuevo, usurpa el papel del órgano legislativo y mina el sistema democrático.
De manera que Petro debe cumplir la ley mientras que ella esté vigente, no puede autorizar los cultivos de coca, cuando lo hace prevarica y subvierte el principio democrático de la separación de poderes y, cuando pretende cumplir las funciones del Congreso, usurpa sus competencias y asume una posición abiertamente autoritaria y contraria a la democracia.
Además, las consecuencias de su decisión son también nefastas. El país está inundado de coca y de cocaína. Según el SIMCI de la ONU, para fines del año pasado teníamos 204.000 hectáreas de coca, un 43% más que en 2020, y se producían 1.400 toneladas de cocaína, un 14% adicional, más que nunca en la historia. Esas cifras, hay que decirlo, no son responsabilidad de Petro, sino de Santos y de Duque. Pero todas las decisiones que se han tomado desde el 7 de agosto solo agudizan y empeoran el problema.
En efecto, como he dicho una y otra vez, cada una de las determinaciones de Petro en estas materias, sin excepción, debilitan a la Fuerza Pública y fortalecen a los bandidos.
En lo que hace al narcotráfico, y más allá de su embaucador discurso en la ONU, se han anunciado proyectos de ley no solo para permitir el uso recreacional de la marihuana, sino para la legalización de la cocaína, quiere replantear la figura de la extradición, ha ofrecido negociación con beneficios jurídicos a los criminales vinculados al narcotráfico y, en lo que sería la más grande operación de lavado de activos, les ha prometido que se quedarían con el diez por ciento de sus sangrientas fortunas.
Y no se ha quedado ahí: decidió que no se usará glifosato ni siquiera para la erradicación manual. De hecho, la Policía ya no está recibiendo glifosato para ser usado en el PECAT (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre), incumpliendo un contrato vigente y exponiéndose a demandas. Y, después de Tarra, se pone fin a todas las formas de erradicación, no solo la forzada, y se legitiman los narcocultivos.
Mientras tanto, militares y policías sufren ataques permanentes desde el mismo Gobierno y están cuasi paralizados. Según la Fundación Ideas para la Paz, en los primeros cien días de esta administración, la operatividad de la Fuerza Pública ha caído cerca de un 70% respecto del mismo período de 2021. Mientras tanto, el enfrentamiento entre grupos ilegales, que ya no se ven perseguidos por la Fuerza Pública, ha aumentado un 79%, y el asesinato de «líderes sociales”, que se supone que eran la principal prioridad de este gobierno y que dieron lugar a la propaganda falaz de “nos están matando», ha crecido un 50%. En los municipios PDET, el asesinato de líderes aumentó un 10% y un 23% en los 65 municipios priorizados por el Gobierno (el homicidio en general aumentó un 30% en esos municipios). Las masacres han crecido un 38%.
Los resultados del Gobierno están a la vista y son desastrosos. Empeorarán con el paso de los días. Y se agravarán aún más con estas decisiones de Petro sobre narcocultivos. Los más beneficiados serán las grandes estructuras criminales, guerrilleros mafiosos y mafiosos de los de siempre.
