Estamos en pleno apogeo de la campaña electoral para escoger el próximo 29 de octubre las personas que llevarán la representación ciudadana tanto en cargos uninominales (Alcaldías y Gobernaciones), como en las corporaciones públicas (Concejos, Asambleas y Juntas Administradoras Locales).
Y, a decir verdad, estamos asistiendo al mismo espectáculo vivido en campañas anteriores, cuando la principal carta de presentación de algunos candidatos es mostrar que tienen un gran respaldo económico sin explicar debidamente la procedencia de los dineros con los que financian sus campañas.
Deberíamos entender que toda elección es la base de la pirámide de un entramado que soporta el accionar de las distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico; asimismo que, de acuerdo a cómo se acceda a los espacios de poder, se determina la captura del Estado en sus diferentes niveles.
Así, encontramos la elección de los ediles, que son quienes deben llevar la vocería de la ciudadanía y representarla en las diferentes instancias para lograr las acciones e inversiones que mejoren su calidad de vida, convirtiéndose -entonces – en el fuelle que impulsa la elección de concejales y alcaldes.
Por otro lado, en simultánea, encontramos la elección de concejales, quienes en ejercicio de sus funciones ejercen el control político al Ejecutivo Distrital y aprueban o rechazan las iniciativas del alcalde, comenzando por el Plan de Desarrollo, el Presupuesto anual y, además, hacer seguimiento al cumplimiento de metas de las distintas dependencias distritales. Igualmente, deberán escoger los encargados de ejercer control y vigilancia en el ámbito disciplinario y fiscal: el personero y el contralor del Distrito.
Como se ha visto, la atención a nivel local se ha centrado en la escogencia del alcalde de Cartagena y del gobernador de Bolívar; pero, por razones de espacio, nos enfocaremos en la vía que conduce al Palacio de la Aduana, encontrando que al día de hoy siguen en la contienda electoral 11 candidatos de los 16 inicialmente inscritos.
Con este número de aspirantes se trata de mostrar una falsa imagen y confundir a los electores, señalando que tener un grueso número de candidaturas fortalece nuestra democracia; pero ello es un gran engaño, ya que en lugar de considerar la cantidad deberíamos fijarnos en las cualidades.
Así que debe indagarse por la formación, antecedentes, méritos, solvencia moral e intereses a los cuales responden los candidatos; cuáles son los principios y valores que guiarían su eventual gobierno; y quiénes son los ‘aportantes generosos’ que sufragan sus gastos de campaña para luego apropiarse de recursos del erario e influir en la adopción de políticas públicas que redundan en sus beneficios particulares.
Y es evidente que ante el actual panorama cunde la desesperanza en muchos sectores de nuestra sociedad, ya que se visualiza un futuro incierto a partir de las próximas elecciones. No es claro que estemos ad portas de encontrar el camino para que la ciudad recupere el tiempo perdido.
Habría que elegir un alcalde que genere confianza, credibilidad para que, de manera transparente, pueda reorientarse la Administración en el cuatrienio 2024 – 2028; pero, por el contrario, dado el flujo de dinero percibido en algunas campañas, hay sospechas de recursos provenientes de actividades ilegales que pondrían al futuro mandatario en situación de dependencia y maniatado al querer de quienes patrocinaron su acceso al principal cargo distrital.
Ahora que el ciclismo está en boga con ocasión de la vuelta a España finalizada el pasado domingo, podríamos hacer un parangón y decir que hay candidatos dopados, violando las normas de la competencia, sin que se sienta la acción de las autoridades llamadas a ejercer control. Por otra parte, encontramos aspirantes que con su presencia legitiman la contienda.
Y, así, ante tantas farsas y conductas incorrectas, nos corresponde como ciudadanos tomar acciones dentro del marco legal, para lo cual consideramos pertinente que, como manifestación ciudadana, a pesar de no haber inscrito comité promotor, promovamos el Voto en Blanco a la Alcaldía, recordando que, de acuerdo a nuestra normatividad, esta opción constitucional tiene efectos políticos con incidencia en los procesos electorales y puede considerarse como una expresión para proteger la libertad del elector.
De allí que si el voto en blanco obtiene una mayoría absoluta, es decir logra un número de votos mayor que la suma de lo que saquen todos los candidatos en contienda, obligaría a repetir las elecciones por una sola vez, sin que en la nueva convocatoria electoral puedan presentarse los candidatos que hayan aspirado.
Por otra parte, si se logra una mayoría simple (mayor votación frente a cada uno de los candidatos inscritos), sería una forma de manifestar pacíficamente nuestro desacuerdo con la forma cómo pretenden hacerse elegir y, por ende, cómo sería su forma de gobierno; restándole cierta legitimidad al alcalde que se posesione al no haber logrado la mayor votación.
Sería así como usted rechazaría a un ciclista que gane una competencia utilizando sustancias prohibidas, venciendo a otros competidores que sí se preparan y juegan limpio.
Hay que votar en blanco para sentar un precedente demostrando que la ciudadanía cartagenera no ha perdido su dignidad ni se deja arrinconar por los poderes mafiosos que la quieren gobernar.
Y hay que hacerlo porque bajo ninguna circunstancia se puede aceptar la máxima que ha venido haciendo carrera: “roba, pero hace obras”, ya que, ¿Quién le pone límite al robo? Por ahí no es la cosa. Tanta resignación nos conduce a la destrucción como sociedad. Si no tomamos acciones diferentes no podemos esperar resultados distintos a los que hemos estado padeciendo.
