A pesar de todas sus fallas y debilidades, Colombia tiene la fortuna de contar con un régimen democrático que, además, tiene largos años. Con la excepción de la dictadura de Rojas Pinilla, hemos vivido en democracia desde hace más de cien años. No es poca cosa y se valora más si se compara con el resto del Continente que sufrió, y en algunos países todavía sufre, regímenes autoritarios.
No basta con que se celebren elecciones periódicas para que haya democracia. En Cuba las hay y es una dictadura feroz. Es indispensable que sean competidas, con posibilidad de alternancia real en el poder, como ocurre acá.
Sin embargo, hay sombras que amenazan el proceso electoral. Una, la compra de votos, costumbre en algunas regiones del país. Aplaudo que, por fin, algunos procesos judiciales importantes por compra de votos se estén desarrollando. La impunidad de estas conductas solo invita a su repetición. Una sanción efectiva podría tener un efecto desestimulante, preventivo. Otra, las dudas que se han generado sobre la imparcialidad del árbitro del proceso, la Registraduría, desde que las cortes eligieran al turbio Alexander Vega.
También es una amenaza el incumplimiento de las reglas de financiación, groseramente vulneradas por Petro en su campaña y, por ahora, sin consecuencia alguna. Además de recibir financiación oscura, Petro violó los topes de gasto y además omitió reportar lo que pagaron a los testigos electorales y los asesores internacionales, así como las manifestaciones públicas en el Caribe. En esa línea, preocupa en estas elecciones que el grueso de los candidatos no haya reportado nada en el sistema de «cuentas claras”. Para asegurar la transparencia, ese sistema hay que pulirlo para obligar a que los reportes sean periódicos y previos.
Más graves son las amenazas que genera la combinación mortal de narcotráfico y los grupos armados violentos. Según la MOE, hay 312 municipios en riesgo, el 28% del país, 125 en riesgo extremo y 97 alto. Antioquia (50 municipios), Cauca (34 de 40), Chocó (27 de 30), Nariño (22) y Norte de Santander (18 de 40), son los departamentos más afectados.
No es casualidad que esos sean también los departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos y, en consecuencia, de grupos armados ilegales. Según la Defensoría, la situación es peor: 676 municipios están en riesgo, el 60% del país. De acuerdo con la Fiscalía, “261 municipios están en alto riesgo de afectación en las elecciones y 494 están en riesgo medio”. Ponderando, cerca del 40% del país votará bajo la influencia de los fusiles asesinos.
En este año electoral, según la MOE, “la violencia contra los liderazgos políticos se incrementó un 92% respecto de 2019” y se han presentado 1.352 hechos violentos atribuibles a grupos armados ilegales, «un aumento del 127% frente a 2019”. El 70% de los hechos letales contra candidatos se dan en municipios con presencia de grupos armados ilegales.
Así las cosas, las cifras muestran que los riesgos de la violencia son aún mayores para los candidatos que para los ciudadanos en general. El incremento de la violencia y los hechos letales contra los liderazgos políticos es mucho mayor que el incremento de la tasa de homicidios en el país, un 5,4% más alta en el 2022 que en el 2021.
De manera que es no solo contra fáctico sino muy peligroso que Petro haya dicho que, en relación con las advertencias por los riesgos y efectos de la violencia electoral, «todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos”. Como es usual, no dijo quiénes serían los beneficiarios de semejante “burbuja». La declaración de Petro no solo desconoce la importancia de las alertas, institucionales y cívicas, sino que reafirma la idea de que el Gobierno no da garantías suficientes para el ejercicio de derechos políticos. Petro está entrampado en su eslogan de “la potencia mundial de la vida” y en su política de “paz total” que, paradójicamente, solo han traído el fortalecimiento del narcotráfico y de los grupos criminales y con ello el incremento de la violencia.
También preocupa mucho que el Gobierno le haya pedido permiso a los violentos para ingresar a 21 puestos de votación y que el jefe negociador de Petro con las Farc haya anunciado la participación de las disidencias en los actos protocolarios de apertura de la votación nacional. Más allá de que el Gobierno haya reculado ante la reacción ciudadana, los dos hechos muestran un Gobierno entregado, claudicante ante los criminales aún en medio de un certamen electoral.
