La organización Caribe Afirmativo que defiende los derechos de las personas LGBTIQ+, emitió una nueva declaración cuestionando las medidas adoptadas por la Alcaldía de Cartagena de Indias en el Centro Histórico de la ciudad.
En específico, el colectivo ha expresado su desacuerdo con el Decreto 0065 de 2024, ampliando las restricciones en el sector y señalando que el alcalde persiste en perseguir y desproteger a las personas que trabajan en el comercio informal y en el trabajo sexual.
La medida, según Caribe Afirmativo, implica un control constante en el ingreso a diversas calles del Centro Histórico, limitando así el acceso de los trabajadores informales y fortaleciendo la criminalización de quienes ejercen el trabajo sexual, sin considerar su condición de personas de especial protección constitucional.
Reiterando su postura, Caribe Afirmativo ha solicitado la apertura de mesas de diálogo para la construcción de una hoja de ruta que aborde la prevención y sanción del delito de trata de personas, sin incrementar la estigmatización y la vulneración de los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual y al comercio popular en las áreas afectadas por el decreto.
La organización ha lamentado la falta de respuesta positiva por parte de la Alcaldía, indicando que en lugar de concertar con los grupos afectados, se han impuesto más restricciones. Este accionar, según Caribe Afirmativo, no solo afecta el derecho constitucional al ejercicio del trabajo sexual, sino también otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana, el trabajo y la libertad de circulación en el espacio público. Además, señalan que la medida fomenta la segregación de las personas que se perciben o ejercen estas labores.
Caribe Afirmativo ha expresado su preocupación por el papel de la Policía Nacional en la determinación de quién puede ingresar al Centro Histórico, señalando un histórico de violencia policial en la zona. Han registrado casos entre 2007 y 2002, siendo el 70% de ellos en Cartagena, caracterizados por la perfilación de sujetos sexualmente diversos y el uso de armas para intimidar y lesionar.
En cuanto al argumento de la Alcaldía sobre la viabilidad de precisar áreas específicas para el desarrollo de estas actividades en el futuro Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Caribe Afirmativo ha expresado que esto pone en duda la obligatoriedad de la protección de los derechos de estas personas, indicando que la protección de estos derechos no debe postergarse en virtud de un proceso de revisión del POT, sino que debe ser una responsabilidad integral y continua del gobierno local.
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Finalmente, el colectivo hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a realizar acciones de oficio y seguimiento al Decreto 0065 de 2024, considerando su posible inconstitucionalidad.
