En un veredicto que reafirma el importante papel de las veedurías ciudadanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cartagena de Indias, condenó a seis años de detención domiciliaria a Héctor Consuegra Salinas, ex Contralor Distrital de Cartagena, por el delito de fraude procesal. Este fallo se produce tras las denuncias y el seguimiento exhaustivo realizado por los veedores Erick Urueta y David López, quienes desde hace años habían alertado sobre las irregularidades en la elección de Consuegra.
Consuegra Salinas, quien fue elegido en julio de 2020 en un proceso cuestionado por el Concejo Distrital, nunca llegó a posesionarse debido a los hallazgos de inhabilidad señalados en su contra.
Las denuncias presentadas por Urueta y López finalmente llevaron a la intervención de la Fiscalía General de la Nación, que presentó pruebas concluyentes sobre las irregularidades cometidas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena evaluó dichas pruebas y avaló el recurso de apelación presentado por una fiscal de la Unidad de Administración Pública, revocando así la decisión de primera instancia que había absuelto a Consuegra en junio de 2023. El Tribunal determinó que Consuegra Salinas había omitido información crucial sobre su inhabilidad al Concejo Distrital, induciendo en error a los concejales que lo eligieron el 14 de julio de 2020.
Ante las irregularidades señaladas, el Concejo Distrital se negó a posesionar a Consuegra, y una demanda interpuesta por un particular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar resultó en la suspensión provisional de su nombramiento.
A pesar de su renuncia al cargo, el delito ya estaba consumado, puesto que se demostró que Consuegra ocupaba un cargo público en la rama ejecutiva del orden distrital al momento de su elección, lo cual lo hacía inelegible para el puesto de contralor.
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Este fallo es una victoria significativa para las veedurías ciudadanas y refuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La condena de Consuegra Salinas subraya que las actuaciones oscuras no quedarán impunes y que la vigilancia ciudadana es fundamental para combatir la corrupción.




