El alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, ha celebrado la adjudicación de lo que ha denominado como «el más grande proceso de contratación pública en materia de infraestructura vial» en la historia de la ciudad. Sin embargo, esta ambiciosa iniciativa, valorada en $68.784 millones, ha generado tanto expectativas como críticas significativas por parte de algunas veedurías.
El proyecto busca intervenir 57 tramos viales en 39 frentes de obra, incluyendo nuevas intervenciones, rehabilitaciones y señalización vial. Entre los trabajos destacan arreglos en puentes, pontones, bordillos y andenes.
La licitación, que cerró el 25 de abril, recibió 21 propuestas y fue finalmente adjudicada al Consorcio Rehabilitación Vial, representado por Ángela María Cogollo Montalvo. La interventoría, valorada en $6.062 millones, quedó a cargo del Consorcio Intervías Cartagena.
La organización Funcicar, dedicada a la veeduría ciudadana, destacó la transparencia del proceso al señalar que se utilizaron pliegos tipo, lo que garantizó una participación plural de oferentes. No obstante, esta afirmación contrasta con preocupaciones expresadas por la ciudadanía y ciertos sectores sobre la verdadera competitividad y equidad del proceso.
Aunque Funcicar elogió el proceso, algunos críticos señalan que la mayoría de la participación del contrato recayó en Incon SAS de Barrancabermeja, con un 90% de la ejecución. Esto genera dudas sobre la diversidad y pluralidad real en la asignación de recursos y la distribución del trabajo entre las empresas locales y regionales.
Dada la magnitud del contrato y el impacto que tendrá en la infraestructura de Cartagena, es crucial que los entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría, ejerzan una supervisión rigurosa. Esto incluye asegurarse de que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que las obras se realicen conforme a los estándares de calidad y los plazos establecidos.
La comunidad y las organizaciones de la sociedad civil deben mantenerse vigilantes y exigir transparencia y rendición de cuentas. Es vital que se implementen mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan identificar y corregir cualquier irregularidad o desvío de recursos.
Mientras el alcalde Turbay Paz y Funcicar destacan los aspectos positivos del proceso de licitación, las preocupaciones sobre la equidad, la distribución del trabajo y la seguridad en la región no deben ser ignoradas. Es fundamental que los entes de control actúen de manera proactiva para garantizar que este megacontrato cumpla con sus objetivos sin comprometer la transparencia y la integridad del proceso.
La ciudadanía debe estar informada y participativa, demandando una infraestructura que no solo mejore las vías de Cartagena, sino que también refleje una gestión pública eficiente y justa. La vigilancia y el seguimiento continuo por parte de la comunidad y los entes de control son esenciales para asegurar que este proyecto se ejecute con la integridad y eficacia necesarias.
