A finales de 2023, el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, se comprometió a derribar el polémico edificio Aquarela para febrero de 2024. Cuando llegó febrero y la promesa no se cumplió, pidió paciencia y aseguró que la demolición tendría lugar en agosto. Sin embargo, ahora que agosto ha pasado, una nueva fecha se asoma en el horizonte: octubre de 2024. Este patrón de retrasos y promesas incumplidas ha dejado a los cartageneros con una sensación de frustración y cuestionamiento sobre la capacidad y transparencia de la administración local.
El reciente anuncio del alcalde, que fija el 15 de octubre como la nueva fecha para la demolición, no ha sido bien recibido. Lejos de calmar las aguas, ha despertado críticas y suspicacias sobre la gestión del proyecto, especialmente porque la administración de Turbay Paz optó por contratar a EDURBE para que gerenciara la demolición de Aquarela, optando por un proceso interadministrativo en lugar de una licitación pública.
El contrato interadministrativo firmado el 26 de febrero de 2024, por un valor superior a los 11 mil millones de pesos, tenía un plazo de seis meses, es decir, hasta el 26 de agosto del mismo año. EDURBE, por su labor de gerencia, recibiría más de 769 millones de pesos. A su vez, EDURBE adjudicó a dedo la demolición a la empresa ATILA, con un contrato que también finaliza a finales de agosto. Según lo establecido, Aquarela debería haber sido demolido para esa fecha, pero el incumplimiento del plazo ha sido evidente.
El nuevo anuncio del alcalde Turbay Paz ha sido interpretado por algunos como un intento de anticiparse a una adición del contrato, que pondría en evidencia, una vez más, el incumplimiento de las promesas hechas a la ciudadanía. La justificación oficial para el retraso ha sido la «priorización de la seguridad e integridad de los obreros y la comunidad», argumentando que se ha encontrado una estructura endeble durante el proceso. Sin embargo, esta explicación parece más bien evidenciar la improvisación y la falta de planificación en una obra de tal magnitud, que se inició sin los peritajes técnicos adecuados ni la supervisión necesaria.
Hay indicios de que la Fiscalía está investigando a varias personas, y todo apunta a que esta historia está lejos de concluir, y que los costos —tanto económicos como sociales— serán pagados por los cartageneros.
Es preocupante que, en un proyecto de tal envergadura, se ignore los principios de eficiencia, planeación, economía, legalidad y responsabilidad en el gasto público. No se trata de una simple remodelación de un patio trasero; es un proyecto que afecta a toda la ciudad y que, por su mala gestión, puede salir muy caro para todos.
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La pregunta que queda en el aire es: ¿Hasta cuándo los cartageneros deberán soportar esta danza de promesas y retrasos? ¿Será octubre la fecha definitiva, o estamos ante otro capítulo de una historia de nunca acabar?
