Un informe presentado por el abogado Héctor Pérez Fernández sobre los hallazgos fiscales en relación al contrato Interadministrativo N.º 059 de 2021, suscrito entre la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), revela una serie de irregularidades que generan serias preocupaciones en cuanto a la gestión de recursos públicos y la transparencia en la ejecución de proyectos catastrales.
Los hallazgos identificados no solo apuntan a un posible detrimento patrimonial significativo, sino que también involucran posibles consecuencias penales, fiscales, disciplinarias y administrativas para los responsables.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el presunto detrimento patrimonial por $3.504.586.519, el cual corresponde al pago de actividades no realizadas. La falta de actualización de 45.143 predios, un 13% del total proyectado, es una clara evidencia de incumplimiento de los términos contractuales y pone en entredicho la efectividad del contrato, además de malgastar recursos que podrían haberse destinado a otras necesidades más apremiantes de la ciudad. Este hecho no solo demuestra deficiencias en la ejecución del proyecto, sino también una gestión pública ineficaz y, en este caso, perjudicial para los intereses del Estado.
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El segundo hallazgo, relativo al incumplimiento del objeto contractual, es igualmente grave. A pesar de los pagos realizados, no se alcanzó la meta de actualización catastral, lo que refleja serias falencias en la supervisión del contrato y en la ejecución de los trabajos. Esto no solo representa un mal uso de los fondos públicos, sino que también genera desconfianza en los procesos administrativos del gobierno distrital, afectando la imagen y la legitimidad de la gestión pública.
Las observaciones que implican incidencias penales y fiscales amplían aún más la gravedad de la situación. El informe detalla cómo el contrato se ha visto marcado por irregularidades que podrían acarrear responsabilidades penales para los involucrados, lo que plantea una interrogante sobre la transparencia y la eficacia de los controles internos en la alcaldía y la UAECD. En un contexto donde la rendición de cuentas es esencial para el fortalecimiento institucional, estos hallazgos dejan en evidencia una falta de rigurosidad en la gestión pública y en la fiscalización de los contratos estatales.
En resumen, los hallazgos fiscales, penales y administrativos relacionados con el contrato entre la Alcaldía de Cartagena y la UAECD no solo representan un posible perjuicio para los recursos del Estado, sino que también plantean serias dudas sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la correcta ejecución de los proyectos en beneficio de la ciudadanía. Es fundamental que se tomen medidas correctivas y que se investiguen a fondo las irregularidades señaladas para evitar que estos casos de mala administración sigan ocurriendo y se sancione a los responsables. La transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos deben ser una prioridad para las autoridades locales y para garantizar el bienestar de la comunidad cartagenera.
