En la historia política de Colombia, los departamentos de Córdoba y Sucre han sido cuna de líderes que, con promesas de progreso y desarrollo, han llegado al Congreso de la República. Sin embargo, la realidad ha demostrado que muchos de estos representantes han sucumbido a las tentaciones del poder, involucrándose en escándalos de corrupción que han empañado su gestión y traicionado la confianza de sus electores.
El más reciente y sonado caso es el de Andrés Calle Aguas, joven congresista liberal de 33 años y expresidente de la Cámara de Representantes. Capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, Calle es acusado de recibir un soborno de 1.000 millones de pesos en octubre de 2023 para facilitar la aprobación de reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Testimonios indican que el dinero fue entregado en efectivo en su apartamento en Montería, y se investiga si parte de estos fondos se utilizó para financiar campañas locales, incluyendo la de su padre, Gabriel Calle Demoya, quien ganó la alcaldía de Montelíbano.
Otro caso que ha sacudido la opinión pública es el de Iván Name, expresidente del Senado, capturado por presuntamente recibir un soborno de 3.000 millones de pesos para apoyar reformas sociales del gobierno. A pesar del pago, Name votó en contra de estas iniciativas, particularmente la reforma pensional. Las autoridades investigan su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de donde procedían los fondos desviados tras una compra irregular de carrotanques.
Estos casos no son aislados. La Corte Suprema de Justicia ha abierto investigaciones formales contra varios congresistas por presuntos acuerdos ilegales y presuntas irregularidades en contratación de la UNGRD. Entre ellos se encuentran Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el ex congresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Se les acusa de haber aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.
En particular, Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador, estaría vinculado a un contrato por 15.605 millones de pesos para la pavimentación de vías del municipio de Cotorra, en Córdoba. La senadora Liliana Bitar habría recibido una adición de 21.570 millones de pesos también para vías rurales en el municipio cordobés de San Pelayo. Juan Pablo Gallo, senador liberal, está vinculado a un contrato de 14.860 millones de pesos para una vía en Magangué-Achí, en Bolívar, y también está relacionado con la entrega irregular de carrotanques en La Guajira.
Estos escándalos reflejan una preocupante tendencia de corrupción sistemática en la política colombiana, donde el poder se utiliza para beneficio personal en lugar de servir al pueblo. La participación de congresistas en redes de corrupción no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también perpetúa la desigualdad y el subdesarrollo en las regiones que representan.
Es imperativo que las autoridades judiciales actúen con celeridad y firmeza para sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos desviados. Asimismo, es necesario implementar reformas estructurales que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en el Congreso, y que promuevan una cultura política basada en la ética y el servicio público.
La ciudadanía también tiene un papel importante en este proceso, exigiendo a sus representantes integridad y compromiso con el bienestar común. Solo así se podrá romper el ciclo de corrupción que ha afectado a departamentos como Córdoba y Sucre, y construir un futuro más justo y equitativo para todos los colombianos.
En resumen, los recientes escándalos de corrupción que involucran a congresistas de Córdoba y Sucre son un llamado de atención sobre la necesidad de una profunda transformación en la política colombiana. Es hora de que los líderes políticos asuman su responsabilidad y trabajen verdaderamente por el desarrollo y la prosperidad de sus comunidades, dejando atrás las prácticas corruptas que tanto daño han causado al país y que los han dejado marcados en la historia como elite corrupta de la región.
COLETILLA: Esta elite política corrupta no es nueva, viene de vieja data solo se han reencauchado en a las nuevas generaciones. Es de nuestra absoluta responsabilidad evitar que esto siga sucediendo, el tamizaje empieza en el 2026.
