En los libros de historia política, los gobiernos que nacen con la promesa del cambio suelen enfrentar una bifurcación: consolidarse con liderazgo, prudencia y resultados, o naufragar por su propio caos interno. El gobierno del presidente Gustavo Petro parece caminar resueltamente hacia lo segundo. Lo que alguna vez se llamó “El Gobierno del Cambio” se ha convertido en una cadena de crisis sucesivas, renuncias ministeriales, desplantes autoritarios, improvisaciones legislativas y escándalos éticos que no dan tregua.
El episodio vivido en el Congreso esta semana no es solo escandaloso por la forma (una conducta violenta, altanera y descompuesta del ministro Armando Benedetti) sino por lo que revela del fondo: un Ejecutivo fracturado, arrogante y peligrosamente desconectado de los límites institucionales. El Presidente, en lugar de actuar como un jefe de Estado moderador y garante del orden democrático, ha optado por la confrontación directa, el discurso incendiario y la victimización constante.
La renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presuntamente por el trato irrespetuoso recibido de parte de Benedetti durante esa acalorada sesión parlamentaria, fue anunciada como si se tratara de una reacción inmediata ante un incidente puntual. Sin embargo, diversas fuentes han confirmado que esa carta ya estaba en poder del presidente Petro desde la anterior crisis ministerial, lo que desmonta la narrativa oficial y plantea interrogantes aún más graves: ¿Estamos ante un gobierno que maquilla su descomposición interna y que ahora empieza a pasar cuentas de cobro a sus propios cuadros técnicos?
La ministra Buitrago no es la primera en abandonar el barco. En las últimas semanas, se han escuchado críticas veladas desde varios sectores del gabinete y hasta desde su círculo más cercano. La vicepresidenta Francia Márquez ha expresado públicamente su desacuerdo con la designación de Benedetti, y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dejó entrever su malestar con decisiones inconsultas. El gabinete, más que un equipo, se ha convertido en una colcha de retazos mal cosida, donde la lealtad al jefe reemplazó la coherencia programática. Lo anterior sin mencionar lo que ya en redes esta, los choques entre el mandatario y si canciller en su reciente visita al país asiático, con Petro es lo que él diga y como él lo diga, el resto es decoración, todo un aprendiz de dictador.
El ministro Benedetti, figura central del conflicto, no es un recién llegado. Es el mismo que meses atrás estuvo en el centro del escándalo por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Es también el mismo que ha enfrentado señalamientos por comportamientos misóginos, violencia verbal y hasta por problemas judiciales. ¿Cómo puede el gobierno que se proclamaba feminista y ético justificar su permanencia en el cargo?
Mientras tanto, la situación ya preocupa más allá de nuestras fronteras. En el Congreso de Estados Unidos, la representante republicana María Elvira Salazar cuestionó públicamente al subsecretario Brian Nichols sobre las presuntas irregularidades y la negativa de visado a Benedetti. El mensaje es claro: las acciones del Gobierno colombiano están bajo el radar internacional, y no precisamente por sus logros diplomáticos o sociales.
La ofensiva del Ejecutivo contra el Congreso tras la derrota de la consulta popular propuesta, sumada a los insultos hacia la oposición, los gremios y hasta periodistas, deja entrever un patrón preocupante: cuando el gobierno gana, la democracia funciona; cuando pierde, se acusa de fraude, se desacredita al Legislativo y se amenaza con gobernar por decreto o consultar “directamente al pueblo”. La democracia no es un buffet donde el Ejecutivo escoge lo que le conviene. Es un sistema de pesos y contrapesos que obliga a gobernar con responsabilidad, consenso y legalidad.
Lo más inquietante de este panorama es que el presidente Petro parece más solo que nunca, y no por culpa de sus adversarios, sino por su propia manera de conducir el barco. Los aliados se distancian, los técnicos renuncian, los escándalos crecen, y los resultados escasean. ¿Puede sostenerse un gobierno donde la figura del presidente concentra todo el poder, pero también todo el ruido?
Colombia no necesita caudillos que hablen de “revoluciones”, sino estadistas que respeten las reglas, construyan sobre lo construido y comprendan que el cambio no se impone a gritos ni con desplantes autoritarios. Las instituciones no son obstáculos, son garantías. Y hoy, más que nunca, el país necesita garantías.
Como decía Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Lamentablemente, en la Casa de Nariño, parece que seguimos atrapados en la lógica del aplauso fácil y la confrontación perpetua. “El Titanic del cambio” ya no se dirige a ningún puerto. Flota, apenas, a la deriva de sus propias contradicciones y en la inmensidad de su mundo irreal.
