En Colombia estamos presenciando, una vez más, el reciclaje de una estrategia fracasada que ya ha dejado huellas de sangre, decepción y traición a la nación: las mal llamadas «zonas de distensión» o “zonas de paz”. Esta vez, bajo el rótulo de “zonas especiales para la guerrilla”, el Gobierno de Gustavo Petro ha abierto una nueva área en Santander donde el frente 33 de las disidencias de las FARC podrá rearmarse, descansar, engordar y reorganizarse, mientras el Estado, con recursos públicos, les garantiza seguridad y condiciones logísticas que no gozan ni las comunidades más necesitadas del país.
Este libreto no es nuevo. En los 90, el país vivió con esperanza (y luego con horror) la famosa zona del Caguán, donde el entonces presidente Andrés Pastrana entregó más de 42.000 km² a las FARC con la esperanza de lograr una paz duradera. ¿El resultado? La guerrilla fortaleció su músculo militar, se burló de la institucionalidad, secuestró, reclutó y traficó con cocaína desde una zona que se convirtió en un santuario intocable del terrorismo. Luego vendría el crudo despertar.
Tampoco es ajeno a la historia el fallido proceso de paz con el PRT y la CRS en Ovejas, Sucre, en los 90. A pesar del desarme anunciado con bombos y platillos, muchos de sus excombatientes retornaron al accionar ilegal, esta vez camuflados en estructuras emergentes. Ni hablar del proceso de San José de Ralito con las Autodefensas, que si bien terminó con cárcel y extradición para sus cabecillas, dejó a muchas víctimas esperando verdad y reparación. Pero al menos, en ese caso, hubo una mínima intención de cumplir con la ley y pagar por sus crímenes.
La gran diferencia con las FARC radica en el trato preferencial que recibieron. No solo fueron absueltos de pagar penas privativas de libertad, sino que fueron premiados con curules en el Congreso. ¿Cuál fue la señal enviada al país? Que el crimen organizado, si se disfraza de ideología, no solo se perdona, sino que se exalta.
Hoy, bajo el nombre de “paz total”, estamos viendo cómo se repite el ciclo. Con el agravante de que ahora las fuerzas militares y de policía, desprestigiadas y maltratadas por el mismo gobierno, son las encargadas de custodiar estas zonas para que los nuevos “gestores de paz” terroristas puedan operar sin ser molestados. Un verdadero escarnio para quienes arriesgan su vida a diario en defensa del orden constitucional.
¿Acaso esta era la “sorpresa” que Petro tenía para el país? ¿Una nueva zona de reserva para criminales en el corazón de Santander? estado ¿Es acaso esta un nuevo resort para los bandidos, mientras al pueblo que dice defender en sus discursos grandilocuentes y cargados de fantasías no recibe apoyo del estado? ¿Hasta cuándo se seguirá premiando al victimario y dejando en el olvido a las víctimas? ¿Qué garantías tiene el pueblo colombiano de que estas zonas no se convertirán en focos de violencia más adelante?
Esta generación de jóvenes que no vivió el Caguán, ni el drama de Ralito, ni los acuerdos de papel con el PRT y la CRS, debe saber que las “zonas especiales para la guerrilla” son trampas disfrazadas de paz. Cada vez que hemos creído en ellas, el resultado ha sido el mismo: la traición.
Porque un día, cuando ya estén descansados, alimentados, entrenados y con armas nuevas (algunas financiadas por el mismo Estado), se les dará la orden de irse. Y nuestras fuerzas armadas, con lágrimas en los ojos y rabia contenida, deberán abrirles camino para que vuelvan al monte… a seguir matando colombianos. No es exageración. Es historia. Y quien no aprende de ella, está condenado a repetirla.
