En el mundo existen 1.200 millones de personas en condiciones de pobreza, una realidad que va más allá del ingreso económico. Vivir con menos de 2,15 dólares diarios implica una alta vulnerabilidad frente a las condiciones del entorno. Una de cada tres personas carece de comida y vivienda, y el 83 % de estas vive en zonas rurales y en países de renta baja.
Los indicadores son alarmantes:
- Mortalidad infantil: siete millones de niños murieron sin alcanzar la mayoría de edad.
- Educación: 64 millones de niños nunca han ido al colegio.
- Hambre: 828 millones de personas padecen hambre crónica.
- Escolarización: 600 millones de personas no han completado seis años de educación básica.
- Acceso a electricidad: 770 millones de personas viven sin este servicio esencial.
Los conflictos armados están llevando al límite a miles de adultos y, especialmente, a niños. La violencia interrumpe el suministro de alimentos y agua; los campesinos no pueden cultivar, y la agricultura de subsistencia desaparece. La inflación golpea el precio de los alimentos, y los centros de salud son destruidos, quedando fuera de servicio. La guerra, además, impide la entrega de ayuda humanitaria. Algo tan básico como el acceso a agua potable se vuelve imposible. Se estima que los conflictos armados son responsables de cerca del 50 % de la desnutrición mundial.
El clima y las sequías constituyen un tercer factor determinante. Las sequías deterioran la nutrición, arruinan los cultivos y reducen drásticamente las fuentes de agua. Las personas afectadas se ven obligadas a desplazarse, construyendo refugios improvisados que se convierten en focos ideales para enfermedades infectocontagiosas. A esto se suma la inestabilidad política y la debilidad institucional, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y muerte.
Colombia es uno de los países donde predomina el hambre. La pobreza monetaria se ubica en el 42,5 %, y al menos 1,7 millones de personas consumen solo dos comidas al día. En nuestro contexto, la mayoría accede a los alimentos a través de la compra, y el «rebusque» es la forma de subsistencia más común. Sin embargo, las políticas públicas se han desenfocado: la fiscalización de los contratos debería ser una función clave del Estado, pero se ha priorizado la inversión en grandes cultivos, descuidando el campo destinado al consumo interno.
