- ¿Quién responde por los más de $421 mil millones comprometidos?
- ¿A cuántos amigos del poder se está beneficiando desde el Palacio de La Aduana?
El supuesto desarrollo que prometía transformar a Cartagena en una ciudad más conectada y moderna está hoy bajo la sombra de la desconfianza, los favores políticos y una corrupción que parece institucionalizada.
Bajo el abrasador sol de una ciudad golpeada por los escándalos y acostumbrada a promesas incumplidas, estalla una nueva polémica en el corazón de la administración distrital. Una serie de contratos por más de $421 mil millones, adjudicados por el alcalde Dumek Turbay Paz, están en el ojo del huracán tras denuncias que apuntan a falsificación de documentos, favoritismo político, vínculos familiares entre contratistas y lo que ya muchos llaman la red del “Clan Barranqueño”.
La denuncia fue liderada por el ingeniero y veedor ciudadano Álvaro González Álvarez, quien, en un oficio dirigido directamente al alcalde Turbay, exige acciones inmediatas frente a lo que considera irregularidades escandalosas en los contratos LP-SID-005-2024, CMA-SID-007-2024 y LP-SID-001-2025.
En su misiva, González Álvarez urge al alcalde a pronunciarse sin dilaciones sobre el contrato LP-SID-005-2024, en el que —según advierte— se habrían presentado hechos que podrían derivar en anulación judicial, caducidad contractual o revocatoria del acto administrativo. El veedor recordó que una solicitud similar fue radicada el pasado 22 de mayo y aún no ha recibido respuesta.
- LP-SID-005-2024: un barco a la deriva
La construcción de embarcaderos en la zona insular de Cartagena, valorada en más de $6.186 millones, está salpicada por supuestos documentos falsificados. El Consorcio Embarcaderos Cartagena habría presentado una certificación de experiencia con Ecopetrol por más de $2.870 millones, pero la estatal petrolera negó tener registros de tal contrato. Según Ecopetrol, lo único que se emitió fue una orden de trabajo por $11.1 millones y 15 días.
“No tiene lógica que una empresa pase de un contrato de casi $3 mil millones a una orden de trabajo de dos semanas por unos cuantos pesos”, advirtió González.
Las consecuencias podrían ser graves, incluso se índole disciplinario, fiscal y penal: fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, falsedad en documento público y privado y eventual nulidad del contrato.
- CMA-SID-007-2024: interventoría con posibles conflictos de interés
El veedor solicitó la suspensión inmediata de este contrato mientras se esclarece el anterior. El consorcio interventor —CC Interventorías— tendría vínculos familiares directos con firmas beneficiadas en el contrato de embarcaderos, lo cual desata alertas por un posible conflicto de interés.
- LP-SID-001-2025: ¿Gran Malecón o gran irregularidad?
El megaproyecto “Gran Malecón del Mar” también está bajo sospecha. La firma AD Alvarado y Düring SAS, parte del consorcio adjudicatario, presentó una certificación cuestionable sobre su participación en una obra en Panamá. El problema: evidencias técnicas contradicen la versión oficial, y el supuesto firmante, el ingeniero David Taylor, no menciona las obras clave atribuidas a la firma en una publicación que presentó en una conferencia en el año 2019.
Peor aún, el representante legal de la empresa, Juan Carlos Monzón Alvarado, tiene una inhabilidad de 10 años emitida en 2020 por la Autoridad del Canal de Panamá, hecho que, según las denuncias, fue ignorado deliberadamente por el comité evaluador.
- Una maraña de empresas cruzadas: la sombra del “Clan Barranqueño”
Investigaciones ciudadanas han identificado un patrón de empresas que simulan competir en ciertos contratos, pero aparecen como aliadas en otros. Firmas como Dinacol SAS, Ingecol SAS, SJJ Ingeniería, Pavimentos de la Costa, Soluciones de Ingeniería Nómadas SAS, Constructora Terluz SAS y otras trece más de Cartagena, Montería, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta estarían ligadas a un mismo grupo empresarial con sede en Barrancabermeja, ya conocido como el “Clan Barranqueño”.
- ¿Manipulación en los pliegos?
El concejal Javier Julio Bejarano denunció que los pliegos del contrato del Gran Malecón fueron modificados para exigir una licencia específica de la DIMAR que solo tenía Dinacol SAS, reduciendo la competencia a dos oferentes. ¿Casualidad o un contrato hecho a la medida?
- Un alcalde que responde con burlas, no con acciones
Ante las denuncias, el alcalde Dumek Turbay ha optado por la burla. En redes sociales desestimó las acusaciones, refiriéndose a los veedores como “los de la rasquiñita” y “bajacañas”. Una actitud que ha sido rechazada por líderes sociales, veedurías y sectores políticos, quienes exigen una administración transparente y respetuosa de la ciudadanía.
- ¿Dónde están los órganos de control?
Mientras la ciudadanía exige respuestas, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría investigan las denuncias presentadas, pero aún no se han pronunciado formalmente. Sin embargo, los indicios de posibles delitos están sobre la mesa, y los cartageneros merecen investigaciones serias y sanciones ejemplares si se confirman responsabilidades.
Este nuevo pronunciamiento del veedor Álvaro González se suma a una creciente vigilancia ciudadana sobre los procesos contractuales del Distrito, en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas están en el centro del debate público.
La falta de acción institucional y la minimización de denuncias graves contribuyen a un ambiente de opacidad que demanda control social y respuesta efectiva de los entes de control.
Denuncias públicas sobre siete licitaciones de infraestructura
- LP-SID-001-2025 Valor: $197.586.406.849,96
- LP-SEGD-001-2025 (Revocada) Valor: $118.253.769.395
- CMA-SID-001-2024 Valor: $6.062.060.375
- LP-SID-001-2024 Valor: $64.784.560.068
- LP-SID-005-2024 Valor: $6.186.723.536
- LP-SID-006-2024 Valor: $21.266.344.617
- CMA-SID-007-2024 Valor: $450.715.087
De los siete contratos listados, cuatro ya están en ejecución, mientras que tres aún no inician, a pesar de haber sido adjudicados. Estos son:
- Construcción de los Tramos I y II del Gran Malecón del Mar (LP-SID-001-2025)
- Construcción de embarcaderos en la zona insular (LP-SID-005-2024)
- Interventoría a dichos embarcaderos (CMA-SID-007-2024)
Las alarmas se dispararon con la revocatoria del contrato LP-SEGD-001-2025, destinado a la construcción del alcantarillado sanitario de Bayunca y Pontezuela. Esta decisión se tomó luego de descubrirse inconsistencias en las certificaciones presentadas por Seinco SAS, integrante del Consorcio Alcantarillado Rural, también vinculado al Clan Barranqueño. Otra firma del mismo grupo, Incon SAS, habría estado involucrada en una situación similar dentro del Consorcio Redes Bayunca.
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Cartagena no puede seguir siendo rehén de la desidia institucional. Los recursos públicos son sagrados. Las respuestas no pueden esperar.
