Colombia atraviesa un momento de alta tensión política e institucional. En medio de una crisis económica, de seguridad y de gobernabilidad, la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular ha encendido las alarmas de amplios sectores sociales, políticos y económicos del país. Para muchos analistas y observadores, esta acción representa una grave amenaza a la institucionalidad democrática y a la división de poderes establecida en la Constitución de 1991.
La convocatoria a una consulta popular por fuera del procedimiento regular (y en abierta contradicción con la decisión previa del Congreso de la República, que negó dicha posibilidad) plantea un dilema profundo: ¿estamos ante un ejercicio legítimo de poder por parte del Ejecutivo o frente a un intento de concentración autoritaria del mismo? El artículo 103 de la Constitución colombiana reconoce las consultas populares como mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el procedimiento para su convocatoria exige la aprobación previa del Congreso cuando se trata de decisiones de trascendencia nacional.
El Ejecutivo, al firmar un decreto que desconoce esta prerrogativa legislativa, se coloca en una posición que, para muchos juristas, roza la inconstitucionalidad. No se trata solo de una interpretación jurídica, sino de un precedente político peligroso: el desconocimiento del Congreso por parte del Ejecutivo vulnera la arquitectura de pesos y contrapesos que sostiene la democracia colombiana. El principio de separación de poderes no es una formalidad; es una salvaguarda contra el autoritarismo.
Esta ruptura institucional ocurre en un contexto particularmente delicado. Colombia enfrenta graves problemas económicos: el desempleo se mantiene en niveles preocupantes, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares, la inversión extranjera ha caído y sectores estratégicos como el energético muestran señales de agotamiento. Las reservas de gas y petróleo, clave para la autosuficiencia energética y las finanzas del Estado, están en declive. A ello se suman los altos niveles de inseguridad y violencia. El narcotráfico, los grupos armados ilegales y las bandas criminales continúan desangrando al país. En este ambiente, el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado a la opinión pública, elevando aún más el nivel de incertidumbre y temor.
Frente a esta compleja realidad, el Gobierno parece enfocado en una agenda política que prioriza la confrontación institucional. La destinación de más de 700 mil millones de pesos para la realización de la consulta ha sido interpretada por muchos sectores como un intento de desfinanciar organismos clave como el Consejo Nacional Electoral, debilitando aún más la democracia electoral del país. Diversos gremios, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo frontal a la convocatoria presidencial. Se acusa al presidente Petro de chantajear al Congreso, de promover la división social y de actuar en contra del orden constitucional. Mientras tanto, el discurso del Ejecutivo sigue apostando por una narrativa de legitimidad popular que justifica cualquier medida, incluso aquellas que bordean o transgreden el marco legal. Esta postura, lejos de calmar los ánimos, profundiza la polarización y la desconfianza ciudadana en las instituciones.
Decir que ha comenzado una dictadura en Colombia es una afirmación grave que exige cautela. Sin embargo, no puede ignorarse que el debilitamiento sistemático de las instituciones, el desconocimiento de las decisiones del Congreso y el uso excesivo de los mecanismos extraordinarios del Ejecutivo constituyen síntomas preocupantes. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde los gobiernos han erosionado la democracia desde dentro, utilizando procedimientos legales para fines ilegítimos. La ciudadanía y los organismos de control deben estar vigilantes. La defensa de la democracia no puede quedar en manos de una sola institución o partido; es una tarea colectiva.
Colombia se encuentra en una encrucijada. La decisión del presidente Petro de convocar unilateralmente una consulta popular sin el respaldo del Congreso representa un punto de inflexión. En un país marcado por la violencia, la desigualdad y la fragilidad institucional, es imprescindible que las reglas del juego democrático se respeten. La democracia colombiana, aunque imperfecta, ha demostrado resiliencia en el pasado. Hoy más que nunca, requiere de ciudadanos activos, instituciones fuertes y un liderazgo político que priorice el bienestar común sobre los intereses personales o partidistas.
