Hasta abril de 2025, Medicina Legal reportó la realización de 6.730 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en Colombia. Sin embargo, esta cifra representa solo una parte del problema, ya que no contempla los casos que no han sido denunciados. Esto pone en evidencia un subregistro preocupante.
Cuando se hace público un caso de abuso sexual, es común que se vuelva mediático. Los medios lo difunden ampliamente y surgen múltiples opiniones de espectadores que, en muchos casos, se enfocan en señalar culpables. No es raro ver cómo se “condena” al presunto agresor en redes sociales, deseándole la pena máxima, e incluso la muerte.
Pero también, y de forma muy alarmante, emergen comentarios dirigidos hacia la presunta víctima, tales como: “No debía estar allí”, “con esa forma de vestirse, ¿Qué esperaba?”, “¿por qué hizo o dejó de hacer?”, “¿por qué no dijo nada?” Estas expresiones no solo son inapropiadas, sino que además re-victimizan profundamente. Incrementan la angustia, el malestar y la culpa que muchas personas ya sienten tras haber sido víctimas de un abuso sexual. A menudo, además del hecho traumático en sí, deben enfrentarse al estigma, la incredulidad y la vergüenza social, como si ser víctima fuera una elección.
Como dijo Gisele Pelicot, en su juicio a puertas abiertas como sobreviviente de abuso sexual: “La vergüenza tiene que cambiar de bando.” Esa vergüenza debe recaer en quien agrede, no en quien sobrevive. Las personas que han sido abusadas no son responsables de lo que les ocurrió. Ante una amenaza, el cerebro reacciona de forma automática, haciendo lo que sea necesario para sobrevivir: gritar, huir, pelear, quedarse en silencio o incluso paralizarse. Ninguna de esas respuestas anula la gravedad del abuso ni disminuye el derecho de la víctima a recibir apoyo y justicia.
Es urgente redirigir la mirada hacia quienes presuntamente cometen estos delitos. No para justificar sus actos, sino para comprender qué hay detrás de estos comportamientos y, sobre todo, cómo prevenirlos. Muchas veces, detrás de un agresor hay historias de dolor, abandono, traumas no resueltos, ausencia de habilidades sociales, baja empatía, dificultades en la gestión emocional o trastornos mentales. Comprender estos factores no es justificar o exonerar, sino identificar puntos de intervención antes de que el daño ocurra.
Necesitamos con urgencia medidas de prevención. Como sociedad, debemos transformar el dolor en acciones concretas: educación sexual integral desde edades tempranas, estrategias que visibilicen las raíces del problema, y acompañamiento emocional que fortalezca el desarrollo sano de niños, niñas y adolescentes. También es esencial garantizar entornos seguros, con adultos responsables, donde se minimicen las situaciones de riesgo durante la infancia y la adolescencia, ya que muchas conductas violentas encuentran su origen en experiencias adversas vividas en estas etapas.
El abuso sexual es un problema grave de salud pública. Deja secuelas profundas que, si no se abordan de manera temprana y en contextos terapéuticos adecuados, pueden afectar irreversiblemente la salud mental, física, sexual y relacional de quienes lo padecen. La prevención y atención del abuso sexual es, sin duda, una responsabilidad del Estado. Pero también es tarea de todos los ciudadanos trabajar por la sociedad que queremos construir: una sociedad justa, empática, protectora y libre de violencia.
