Mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Los congresistas hundieron la reforma laboral, pero la amenaza de la consulta de Petro les metió miedo y terminaron aprobándola, con modificaciones menores. Esa reforma no es progresista, sino pobresista: empobrecedora. Da más beneficios a quienes ya tienen el privilegio de tener empleo formal, pero aumenta de tal manera los costos —entre el 18% y el 34%, dependiendo del sector— para las micro y pequeñas empresas, que miles quebrarán, aumentando así el desempleo y la informalidad. Así lo advirtieron tanto FENALCO como ACOPI y Asobares, uno de los sectores más afectados, el de la hostelería y la restauración.
Agravar la informalidad es una muy mala noticia. Hoy está en el orden del 57% de la población ocupada. Seis de cada diez colombianos están en la informalidad. No hay economía que funcione si solo dos de cada cinco trabajadores pagan impuestos, cotizan a salud y aportan a pensiones. Dicho de otra manera: hoy el 40% de los trabajadores colombianos subsidia al 60% restante. No es sostenible.
Tampoco fue buena noticia que la Corte Constitucional, de manera unánime, devolviera a la Cámara la reforma pensional para que subsanara un vicio en el trámite. Aunque es cierto que la Corte se reserva la decisión de fondo para cuando la reforma regrese con el vicio corregido —de modo que el análisis sustancial está aplazado hasta entonces—, no es menos cierto que el antecedente es preocupante por al menos dos razones.
Primera: ¿en adelante, pupitrear un proyecto de ley y no permitir la deliberación sobre su contenido —como ocurrió en la Cámara con la pensional— será considerado un vicio menor, siempre subsanable? ¿No atenta semejante idea contra la naturaleza misma de la democracia y la discusión parlamentaria?
Segunda: ¿Qué hará la Corte cuando la Suprema determine, de manera definitiva, que el trámite de la reforma se dio bajo la perversa influencia del soborno por parte de la Casa de Nariño, con dinero de la UNGRD, a los presidentes del Senado y la Cámara de entonces? No fueron los únicos congresistas untados, por cierto. En cualquier caso, sería inaceptable —y un precedente gravísimo— que tales hechos no tuvieran ningún peso en el examen de constitucionalidad de un proyecto de ley. El resultado sería un estímulo perverso para que otros gobiernos recurrieran al cohecho para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.
Aunque no conocemos el contenido del debate interno, pareciera que la Corte tomó la decisión de devolver la reforma pensional a la Cámara con la consideración de que era muy costoso negarle al gobierno tanto la reforma como la consulta. En consecuencia, mejor dejar viva la primera y hundir de manera definitiva la segunda, como —no dudo ni un instante— ocurrirá cuando aborde el estudio del prevaricador decreto que la convocaba. La Corte, me temo, también se dejó asustar.
Mientras tanto, el registrador, aún amenazado por la iracundia gubernamental, tuvo el valor de sostener que no podía aplicar el decreto que pretendía convocar la consulta sino hasta que los tribunales decidieran sobre su juridicidad. Y el Consejo de Estado suspendió cautelarmente su aplicación, porque los daños serían irremediables, mientras decide sobre su legalidad.
Con todo —fallos, debilidades, pusilanimidades, mieditos y cobardías; algunos vendidos y otros con excesiva tendencia a la transacción política—, las instituciones, aunque lejos de ser perfectas, funcionan. Y, como bien dijo Pedro Medellín en su última columna, los colombianos están cada día más conscientes del papel vital que desempeñan en la defensa de la democracia. Los ciudadanos hoy entienden que el Congreso no solo aprueba leyes, sino que debe cumplir una tarea de contrapeso y control político del gobierno de turno; que no son indiferentes los nombres de quienes vayan a ocupar los cargos de registrador, procurador y fiscal; y que sí importan la formación y el carácter de quienes integran las altas cortes.
Por ese creciente entendimiento sobre el valor de las instituciones, la reflexión ciudadana sobre las próximas elecciones ha cambiado. Entendemos mejor el daño descomunal que causa elegir mal a un presidente, en especial en un país tan presidencialista como el nuestro. Pero también apreciamos más la función fundamental de los congresistas, que además son quienes eligen a los magistrados de la Constitucional, del Consejo Nacional Electoral, al fiscal, al procurador, al registrador, y a los integrantes de la Comisión de Acusaciones. Impulsar las mejores listas posibles para Senado y Cámara es hoy tan importante como escoger un buen presidente.
La propuesta de una constituyente refleja la creciente deriva autoritaria de Petro. La única manera de convocarla hoy, de acuerdo con la Constitución del 91, es a través del Congreso y con control de la Constitucional. Petro lo sabe, y también que su propuesta de papeleta nace muerta. La propuesta es, otra vez, un distractor y una amenaza. Como con la consulta: a ver quién se asusta.
