El asesinato de ocho líderes evangélicos en Calamar, zona del Guaviare revela la fragilidad de la paz en Colombia y el silencio del Estado ante una violencia que se ensaña con los más vulnerables.
La reciente masacre de ocho pastores evangélicos en Calamar, Guaviare, ha encendido las alarmas en Colombia sobre el rumbo de la “paz total” promovida por el actual gobierno. Lejos de representar un hecho aislado, el crimen confirma una peligrosa realidad: zonas del país siguen bajo el control de grupos armados ilegales, y las comunidades más vulnerables, como los líderes religiosos, son blanco de persecución y muerte.
El asesinato de estos ocho líderes sociales y espirituales, atribuido a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, ha conmocionado al país por su brutalidad y por el contexto que lo rodea. Según confirmó la Fiscalía, fueron citados por el grupo armado el 4 de abril, desaparecieron y días después fueron hallados sin vida en una fosa común.
El hecho remite a los años noventa, cuando las FARC perseguían a los evangélicos por negarse a colaborar con la insurgencia o pagar los llamados “diezmos de guerra”. Hoy, en plena era de diálogos y promesas de reconciliación, el ataque revive la intolerancia religiosa y la imposición armada sobre el pensamiento y la fe.
“No era Gaza. Eran cristianos humildes del Guaviare, sin quien les haga lobby en las capitales del mundo”.
La reacción del gobierno fue, para muchos, tardía y carente de contundencia. La Alianza Evangélica Colombiana, que denunció la desaparición desde el primer momento, exigió justicia y protección efectiva. Mientras tanto, organizaciones internacionales como Christian Solidarity Worldwide ya habían advertido sobre la creciente vulnerabilidad de los líderes religiosos en zonas de alta presencia armada.
La respuesta institucional ha sido desigual. Pese a las denuncias previas y la magnitud del crimen, el gobierno no ha enviado un mensaje claro de justicia ni ha asumido compromisos concretos con la protección de líderes comunitarios y espirituales.
Este crimen expone las grietas profundas del modelo de paz negociada que impulsa el presidente Gustavo Petro. El mismo grupo armado responsable de esta masacre ha sido interlocutor del Estado en los procesos de diálogo. La pregunta que hoy muchos se hacen es: ¿cómo puede construirse una paz legítima mientras se sienta en la mesa a quienes ordenan asesinatos colectivos?
El concepto de “paz total”, promovido como una solución incluyente y estructural, parece quedarse en discursos y comunicados. En el terreno, los hechos revelan otra realidad: una paz a pedazos, con zonas vedadas a la ley, donde el temor sustituye a la gobernabilidad.
La Fiscalía ha calificado el asesinato como una acción deliberada por parte de la cúpula del autodenominado Estado Mayor Central, motivada por el temor a una supuesta vinculación de los pastores con el ELN. Esta lógica de exterminio bajo sospechas infundadas y rumores reafirma el poder de facto que ejercen los grupos armados en muchas regiones, donde la vida depende de la discreción de los fusiles.
Para los familiares y comunidades creyentes, no se trata solo de una tragedia local, sino de una ofensa nacional y moral. Reclaman justicia, protección y memoria. Denuncian el olvido y la indiferencia del poder central ante quienes no tienen micrófonos ni representación política.
Los ocho pastores asesinados no son una cifra más. Tenían nombre, rostro, familia, comunidad. Su fe no era una amenaza. Era su forma de resistir y de construir tejido social en medio del abandono. Su muerte exige algo más que comunicados: exige justicia, presencia del Estado y un giro real en la política de seguridad y paz.
En medio de las sombras, su ejemplo se convierte en una luz. Son mártires de una fe que sigue viva, y de una patria que aún resiste.
