En los últimos meses hemos escuchado una afirmación repetida por medios oficialistas: “Se reanudaron las relaciones con Estados Unidos; la Casa Blanca aceptó las explicaciones y las disculpas de Petro”. Nada más alejado de la realidad. Lo ocurrido fue, en esencia, una maniobra diplomática ejecutada por Washington, diseñada para intensificar la presión sobre la administración Petro y sus asesores.
El episodio comenzó en enero de 2025, cuando Estados Unidos —bajo la presidencia de Donald Trump— impuso aranceles del 25 % a productos colombianos en respuesta a la prohibición del aterrizaje de aviones con deportados. Petro calificó la medida de “fascista” y se negó a ceder, generando una crisis que se prolongó por semanas. Posteriormente, cuando insinuó en redes que había un plan de la Casa Blanca y del senador Marco Rubio para desconocer su mandato, el Gobierno de EE. UU. exigió una retractación formal. Bogotá respondió enviando a su embajador, presentando disculpas e iniciando una agenda negociadora en temas como crimen transnacional, migración y comercio.
No se trató, pues, de un acto diplomático espontáneo fruto de buenas relaciones, sino de un ajuste forzado para evitar nuevas sanciones y proteger intereses comerciales. Fue una jugada, una corrección impuesta por la amenaza de medidas adicionales (aranceles del 50 %, suspensiones de visas…) que desde Washington se anunciaron con claridad.
El propósito de EE. UU. no era restablecer la confianza, sino inducir un giro ideológico en Bogotá. Después de múltiples denuncias de Petro contra el capitalismo norteamericano, y sus reiteradas referencias a la “dictadura del proletariado” o al “comunismo”, la Casa Blanca quiso enviar una señal: exigirle al Gobierno colombiano un viraje. Un abandono de los discursos radicales estilo años sesenta, que tienen un trasfondo estalinista, violento y retrógrado, y que además ahuyentan inversiones y obstaculizan la cooperación antinarcóticos y militar.
El contexto no es menor: esa retórica anticapitalista y populista, despreciadora de todos los valores del liberalismo democrático, quedó obsoleta tras la caída del Muro de Berlín. Hoy solo genera miedo, polarización y confrontación, sin ofrecer soluciones reales a problemas estructurales como desarrollo social, infraestructura, gobernabilidad o fortalecimiento institucional. No es comunismo —que está muerto como modelo—, es populismo disfrazado de supuesta “revolución”.
Pero hay algo aún más grave: mientras Petro gesticula desde Washington, Colombia se hunde en una crisis política interna. La evidente falta de propuestas sustanciales —reducidas a frases como “candidatos y promesores”— es apenas el principio. El caso más dramático lo protagonizó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio: un supuesto niño de 14 años, con un arma Glock comprada en Arizona, disparó contra él en un evento proselitista.
Desde el atentado han sido capturados cinco sospechosos, incluido alias “El Costeño”, señalado como cerebro del ataque. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿Quién dio la orden? Colombia se asfixia con este gobierno, y es urgente tomar un nuevo oxígeno.
Lejos de unirse como nación para enfrentar este ataque (que evoca la violencia política de los años 80 y 90), la oposición ha guardado silencio. Y peor aún: ha cedido el espacio político y mediático para que Petro se victimice, politice el tema, cuestione a su propia escolta y señale a la Policía como posible cómplice. No hay planeación, ni defensa institucional, ni política pública coherente. Solo reina el cálculo electoral y la polarización radical.
El Legislativo tampoco ha actuado con mesura. Ha permitido elusión de reglas fiscales sin fiscalización efectiva. Petro se siente impune: hace lo que quiere, desafía leyes, lanza discursos incendiarios, fabrica “autoatentados” mediáticos y aprovecha recursos estatales para su beneficio y el de su maquinaria política.
La oposición, fragmentada entre uribistas, santistas, vargalleristas y otros tantos, ha renunciado a actuar con coherencia o proyecto. Cada uno sigue su propia agenda, ajena al país. Pareciera que no respiraran buen oxígeno.
Esto no es solo una lucha política. Es el futuro de Colombia, de nuestras generaciones, de nuestros activos estratégicos y de la posición internacional que heredaremos. Estamos a punto de entregar un país fracturado, sin diseño institucional, sin coherencia fiscal ni diplomática, en manos de un político moralmente descompuesto, rodeado de oportunistas que solo representan el clientelismo y el populismo de baja monta.
La pregunta es retórica, pero urgente: ¿Qué país vamos a dejarles a nuestros hijos? ¿Uno gobernado por una baraja de cromos: petristas, uribistas, santistas, vargalleristas… todos compitiendo por cuotas y cargos vacíos?
Colombia necesita una discusión seria sobre programas de Estado, partidos con disciplina y propuesta, participación ciudadana real, planes estructurales de largo plazo y una diplomacia firme pero sensata.
Uribistas, santistas, petristas, vargalleristas y demás deben dejar de entrometerse en la tribuna y empezar a pensar como colombianos. Porque reflexionar no es un lujo: es una obligación. Y actuar con responsabilidad no es una opción: es un mandato histórico. En conclusión: es necesario oxigenar la política colombiana.
