Han pasado más de 13 años desde que se inició el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo comenzó en 2012, cuando Uribe, en ejercicio de su derecho como ciudadano, denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos para involucrarlo en actividades ilícitas. Lo que no imaginó el expresidente era que, en una voltereta jurídica sin precedentes, el alto tribunal archivaría la denuncia contra Cepeda y, en cambio, abriría una investigación formal contra Uribe.
Desde ese momento, el proceso tomó un rumbo tortuoso, atravesado por profundas controversias legales y contradicciones procesales. Se ha pasado por todas las instancias judiciales: Corte Suprema, Fiscalía General, Juzgados de Control de Garantías y Juzgados Penales de Conocimiento. Un mismo expediente ha sido analizado, interpretado y valorado por diversos fiscales y jueces, muchos de los cuales han concluido que no existen pruebas sólidas para llevar a juicio al expresidente. Sin embargo, otros (como la actual juez Sandra Heredia) han considerado lo contrario, reabriendo heridas que parecían cerradas.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, este proceso ha sido un ejemplo claro de lo que no debe ocurrir en un sistema judicial garantista. La presunción de inocencia, piedra angular del Derecho Penal moderno, ha sido progresivamente reemplazada por una presunción de culpabilidad que se ha sostenido más en la animadversión ideológica que en la evidencia objetiva. En el transcurso del proceso, a Uribe “le han dado hasta con las tapas de las ollas”, como se dice coloquialmente. La intensidad con la que ha sido perseguido contrasta con la laxitud con que se tratan otros casos de mayor gravedad, lo que alimenta la percepción de una justicia selectiva y politizada.
Una de las principales controversias se centró en las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas al expresidente. Aunque inicialmente se alegó que fueron producto de un error técnico/administrativo, lo cierto es que dichas pruebas terminaron siendo determinantes en las decisiones judiciales posteriores. A ello se suma la excesiva valoración de los testimonios de ex paramilitares y testigos cuyas versiones han cambiado con el tiempo, o cuyas motivaciones resultan cuando menos cuestionables.
Lo más delicado es que, a pesar de los múltiples solicitudes de archivo del caso por parte de fiscales que no encontraron se le dio continuidad con base en consideraciones más políticas que jurídicas. La actuación reciente de la juez Heredia, por ejemplo, no ha estado exenta de polémica. Su lectura del sentido del fallo ha sido percibida por muchos como una justificación ideológica, más centrada en la defensa de las supuestas víctimas que en una valoración equitativa y ponderada del material probatorio. Más que una sentencia, parece una pieza retórica contra el acusado.
Todo esto genera un mensaje altamente perjudicial para el país: en Colombia, el sistema judicial parece estar al servicio de una justicia ideologizada, sesgada y vengativa. Una justicia “justiciera” que, lejos de buscar la verdad procesal, termina siendo un instrumento de persecución, en el que los jueces (con excepciones valiosas) dejan de ser árbitros imparciales para convertirse en actores con agenda propia.
Este no es un fallo normal. No lo será, ni siquiera si se revisa en instancias superiores. Por supuesto, debe ser respetado en el marco del Estado de Derecho, pero ello no implica que se comparta su contenido o su motivación. En todo caso, es una decisión que dividirá profundamente a la opinión pública y marcará un antes y un después en la historia judicial del país. Porque más que cerrar un capítulo, lo que hace es abrir una nueva etapa de mayor polarización y desconfianza institucional.
En un país donde la justicia debe ser la columna vertebral de la democracia, esta clase de procesos erosionan la credibilidad del sistema y dejan a la ciudadanía con la sensación de que los estrados han sido tomados por intereses ajenos al Derecho.
La justicia no puede estar al servicio de las vendettas ideológicas ni de los discursos de odio. Si lo está, el daño institucional será más profundo y peligroso de lo que hoy alcanzamos a dimensionar.
Termino la mañana y la expectativa se hace cada vez mayor, alegría para algunos, desesperanza para otros pero esto terminara cuando la juez finalice con su lectura del fallo.
