Cartagena de Indias está en el ojo del huracán tras la difusión de un video que muestra a un hombre identificado como Leandro León Mena, contratista de Distriseguridad noqueando de un golpe a una mujer habitante de calle en pleno Centro Histórico. La escena, que ha estremecido a la opinión pública, desató una ola de indignación y llevó a la Procuraduría Provincial a actuar de inmediato.
El ente de control emitió un requerimiento preventivo en el que advierte que el hecho compromete principios fundamentales como la dignidad humana, la protección a población vulnerable, el uso proporcional de la fuerza y la equidad de género.
“La conducta observada representa una posible violación a derechos fundamentales protegidos en la Constitución y tratados internacionales”, señaló la Procuraduría.
En su oficio dirigido a Distriseguridad, el ente exigió un informe detallado con explicaciones claras sobre lo ocurrido, los protocolos aplicados, y las acciones correctivas y de seguimiento ya emprendidas. También recomendó que todo el personal contratado en brigadas cívicas reciba formación obligatoria en derechos humanos y enfoque diferencial.
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Además, se solicitó atención institucional integral para la víctima: protección, acompañamiento psicosocial y acceso a la justicia. El mensaje es claro: la función pública no puede ejercerse al margen del respeto a los derechos humanos, ni convertirse en un escenario de impunidad frente a la violencia institucional.
Este caso vuelve a encender el debate sobre el manejo del personal tercerizado en el Distrito, sus procesos de formación y los controles efectivos para prevenir abusos. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Y quién responde cuando se rompe la confianza pública?
Mientras crece la presión ciudadana por justicia, la administración distrital guarda silencio. Pero Cartagena ya habló: la violencia institucional no puede tener cabida en una ciudad que dice ser epicentro de turismo, cultura y derechos.
