Siete años después de su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue siendo más un espejismo que un verdadero tribunal de justicia. Lo que algunos promovieron como el “mecanismo transicional más garantista del mundo” se ha convertido, en la práctica, en una maquinaria lenta, costosa y plagada de sesgos ideológicos, que parece seguir el guion de quienes, paradójicamente, deberían estar rindiendo cuentas ante ella: los excomandantes de las FARC.
No es casual recordar las palabras de Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, cuando afirmó que la JEP era “un tribunal creado por ellos”. Una frase que en su momento fue leída como un desliz retórico, pero que hoy suena más a una confesión. La realidad es evidente: mientras cientos de militares activos y retirados han sido objeto de un riguroso escrutinio e imputaciones formales, los máximos responsables de la guerrilla —que sembró muerte, reclutó a más de 18.000 menores y desangró al país con secuestros, violaciones y desplazamientos forzados— avanzan con una parsimonia judicial que insulta la memoria de las víctimas.
Los datos son contundentes: en siete años, la JEP no ha emitido una sola sentencia firme en ninguno de los once macrocasos abiertos. Se han imputado 251 personas, en su mayoría militares, pero no hay condenas que muestren resultados concretos. En contraste, cuando se trata de los jefes guerrilleros, el tribunal parece caminar en cámara lenta. Un ejemplo alarmante es el caso del reclutamiento de menores: los excomandantes reconocieron su responsabilidad en más de 18.000 hechos, pero lo hicieron con evasivas, evitando abordar temas como la violencia sexual o el aborto forzado. Fue un “mea culpa” a medias, más cercano a una estrategia de redención pública que a un verdadero reconocimiento de los crímenes cometidos.
A esto se suma el polémico episodio de Simón Trinidad, a quien la JEP le concedió amnistía por el delito de rebelión, cerrando procesos en su contra en Colombia. ¿Qué mensaje recibe el país cuando se archivan delitos graves mientras las víctimas siguen esperando verdad y justicia?
Pero el problema no es solo moral o jurídico. El costo de este tribunal es gigantesco. Con un presupuesto anual superior a los 400.000 millones de pesos, la JEP se ha convertido en una jurisdicción onerosa para los colombianos. Un tribunal joven, con escasos resultados y con semejante gasto, solo puede verse como un monumento a la injusticia.
La incoherencia es profunda. Mientras los militares han enfrentado con celeridad los rigores del proceso judicial, los cabecillas de las FARC gozan de tiempo, privilegios y micrófonos para presentarse como académicos, promotores de paz o defensores del medio ambiente. ¿Ese era el castigo prometido? ¿Convertir a los mayores responsables de crímenes atroces en catedráticos de resiliencia y reconciliación?
El mensaje que se envía a la sociedad es devastador: los victimarios son premiados, y las víctimas siguen esperando justicia. Los crímenes de lesa humanidad no se borran con discursos, ni la sangre de miles de inocentes se lava con talleres de reconciliación. Esta situación, sumada al falso cambio que pregona el actual gobierno, hace cada vez más sombría la realidad del país.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿Cuánto más tendrán que esperar los colombianos para ver a quienes causaron tanta violencia pagar realmente por sus crímenes? No con sanciones simbólicas, ni con cargos burocráticos o roles académicos, sino con castigos proporcionales al daño causado. Porque si algo debe estar claro, es que la justicia transicional no puede ser un escenario de impunidad dorada para unos y de dureza selectiva para otros.
Resulta absurdo que mientras al expresidente Álvaro Uribe se le juzga con un rosario de pruebas disfrazadas y bajo presión mediática, a los verdaderos delincuentes se les complace y se les prepara una pista hacia la impunidad.
La JEP, tal como va, no es un tribunal de justicia: es el símbolo de una justicia coja, un monumento a la injusticia, y un reflejo de un país que se acostumbró a ver a los victimarios dictando cátedra y a las víctimas rogando por verdad.
La gran pregunta sigue abierta: ¿tenía razón Timochenko cuando dijo que este tribunal fue creado para ellos y no para Colombia?
