El Ejército Nacional de Colombia, que durante décadas fue el bastión más sólido contra la amenaza subversiva en el continente, atraviesa hoy una crisis de identidad, doctrina y cohesión que no puede analizarse únicamente en términos operacionales. La raíz del problema es, sin duda, política.
Desde finales de los noventa hasta el 2010, gracias al Plan Colombia y a la Política de Seguridad Democrática, las Fuerzas Militares lograron un nivel de efectividad sin precedentes en la guerra irregular. Operaciones como «Jaque y Fénix» no solo fueron hitos militares, sino símbolos de lo que un Ejército con doctrina ofensiva clara y respaldo institucional podía lograr. Sin embargo, ese clímax fue rápidamente desdibujado, primero con la política de negociación impulsada desde el gobierno Santos, y después con las políticas populistas e ideologizadas del actual gobierno de Gustavo Petro.
Como miembro de la reserva activa, que vivió en carne propia el rigor del conflicto, me resulta doloroso ver cómo se desdibujó una doctrina que nos llevó a estar entre los ejércitos más profesionales de la región. El desgaste al que se sometió a la institución no vino de una derrota militar frente a los grupos terroristas (porque nunca nos derrotaron), sino de la narrativa política y mediática que buscó presentar a la Fuerza como victimaria, en lugar de garante de la democracia. La insurgencia comprendió que no podía vencernos en combate, pero sí en lo jurídico, lo simbólico y lo internacional. Esa fue su victoria: convertir la seguridad en un tabú y vender la paz como único camino posible.
El impacto fue triple. En lo jurídico, cientos de comandantes y soldados fueron procesados (y aún hoy siguen vinculando a más), enviando el mensaje de que combatir podía costar no solo la carrera, sino el patrimonio y la libertad. En lo simbólico, se desvalorizó la victoria militar y se eliminaron rituales castrenses que fortalecían la identidad, mientras se elevaba a ex enemigos al rango de “firmantes de paz” (como patente de corso para seguir delinquiendo). Y en lo doctrinal, tras el Acuerdo de La Habana, se intentó imponer la idea de un “ejército de paz”, mutilando la tradición contraguerrilla y prohibiendo incluso el uso de términos que eran parte esencial de nuestra doctrina.
Hoy vemos las consecuencias. La generación de oficiales formados entre 2010 y 2016, ahora capitanes y mayores, no tuvo la experiencia de la guerra cruda contra las guerrillas. En su lugar, recibieron una instrucción enmarcada en un Ejército “multimisión”, con énfasis en derechos humanos y operaciones internacionales. Aunque loable en términos de imagen global, esa orientación diluyó la memoria táctica y operativa que había costado décadas construir. Se perdió la visión ofensiva y estratégica, reduciendo a las Fuerzas Militares a un papel pasivo de garantes de una paz que nunca consolidó la seguridad territorial.
El actual gobierno, lejos de revertir este declive, lo ha profundizado. Petro, desde su discurso ideológico, no solo desconfía del Ejército, sino que busca instrumentalizarlo en su proyecto de “paz total”, una paz que en la práctica se ha convertido en rendición ante grupos narcoterroristas. La reducción de la capacidad de combate, la politización de las Fuerzas, el abandono de la estrategia territorial y la falta de una política clara de seguridad y defensa nacional ponen en riesgo no solo la operatividad, sino la esencia misma del Ejército como institución republicana. Resulta irónico —y al mismo tiempo indignante— que, mientras los terroristas reciben prebendas, se desmoralice a los soldados que por años defendieron al país con sacrificio y sangre.
Clausewitz sostenía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En Colombia, la política terminó por desarmar al vencedor. El Ejército no fue derrotado en el monte, sino en los estrados judiciales, en las narrativas mediáticas y en las decisiones políticas que priorizaron el apaciguamiento sobre la victoria. Ese desarme simbólico y doctrinal es lo que hoy nos deja con una fuerza fragmentada, sin cohesión interna y sin un norte estratégico.
La gran pregunta es si un Ejército que perdió su doctrina ofensiva puede recuperar cohesión, identidad y visión estratégica en un país donde la seguridad sigue siendo el mayor reto. La respuesta depende de la voluntad política de rescatar la institucionalidad castrense, blindarla de intereses ideológicos y dotarla de los recursos y la confianza que siempre necesitará. Pero, siendo realistas, bajo el actual gobierno no parece haber la menor intención de hacerlo. Petro no ve a las Fuerzas como aliados, sino como obstáculos. Y mientras esa visión persista, el Ejército seguirá atrapado en un limbo entre ser garante de una paz ilusoria y custodio de un territorio donde la violencia, lejos de desaparecer, se multiplica.
Desde la reserva activa, afirmo con convicción que el Ejército tiene la capacidad y la memoria histórica para reconstituirse. Pero requiere apoyo político, claridad estratégica y la recuperación de su doctrina ofensiva. Sin esos elementos, seguiremos viendo cómo la narrativa del enemigo avanza, mientras la institución que alguna vez fue el orgullo de la región se reduce a una sombra de lo que fue. Aclaro que, con esta columna, no señalo a los militares como culpables, sino, por el contrario, como víctimas; y como tal, desafortunadamente, mientras unos se sientan en curules y ostentan grandes cargos en la política, son los militares y policías quienes ponen los heridos, los mutilados y los muertos.
