¿la próxima silla en la Corte Constitucional será ocupada por una jurista con independencia probada o por una ficha (un alfil) del proyecto político que hoy gobierna?
La respuesta importa porque de ella depende el equilibrio de poderes en un momento en que el Ejecutivo empuja, sin pudor, los bordes de la Constitución. No hablamos de una vacante cualquiera: hablamos de un tribunal que decide sobre la validez de reformas, decretos y consultas populares; un tribunal que, en palabras simples, puede frenar o habilitar transformaciones de alto calado. Y sí, mientras más sillas controlen los afines al Gobierno, más fácil será despejar la cancha para que sus apuestas avancen con menos controles.
El país ya recibió una alarma. En mayo, el Senado eligió a Héctor Carvajal (abogado personal del presidente) como magistrado. La fotografía del poder quedó nítida: una “terna de uno”, diseñada para que la mayoría legislativa hiciera el resto.
El País lo contó sin eufemismos: el jurista venció a otras candidatas y su cercanía con el Presidente encendió la discusión sobre independencia y méritos. En una columna posterior, el académico Esteban Hoyos calificó la elección como “una mala noticia” para la Corte por tres razones: retroceso en paridad de género, señales de dependencia frente al Ejecutivo y estándares profesionales por debajo de lo que históricamente ha distinguido al tribunal. No es un comentario marginal en redes; es la advertencia de un constitucionalista respetado sobre el rumbo de la justicia.
Ese episodio no fue un rayo en cielo abierto. Forma parte de un proceso de renovación acelerada del alto tribunal. Para junio, medios registraban que la Corte (parcialmente renovada) tendría en sus manos decisiones tan sensibles como el decreto presidencial para convocar una consulta popular sin el visto bueno del Senado; y que, para el final del mandato, el Senado habrá elegido seis de los nueve magistrados. ¿Se imaginan el peso específico de semejante cifra en la arquitectura de frenos y contrapesos?
Hoy, el país vuelve a mirar hacia el Capitolio. La puja por un nuevo cupo (esta vez con candidatas mujeres en varias listas mezcla cálculos partidistas y promesas de independencia. La Silla Vacía reveló que María Patricia Balanta, incluida en una terna que competía con el conservador Carlos Camargo, empezó a sumar respaldos que podrían reconfigurar la votación. Más allá de apellidos, lo que está en juego es si el Senado escoge perfiles por su solvencia jurídica o por su utilidad política en la coyuntura.
En este punto, vale traer dos voces influyentes que han pedido detener el deslizamiento hacia una justicia de bolsillos. La primera, la de Rodrigo Uprimny, uno de los constitucionalistas más escuchados del país. En agosto cuestionó con dureza una terna reciente y, por extensión, el método que la hace posible: postulaciones de alta carga política, poco transparentes y alejadas de un estándar meritocrático que fortalezca la Corte. Es una crítica a la práctica (no a una ideología), pero que cae de lleno en la forma como el Gobierno ha entendido sus facultades nominadoras.
La segunda es, de nuevo, Esteban Hoyos, quien en El País subrayó que el Ejecutivo ha perdido “una oportunidad de oro” para robustecer la independencia institucional y la paridad de género, y que la sociedad civil y la academia deben vigilar con lupa las próximas elecciones.
Quienes minimizan estas alertas dicen que “todos los gobiernos han influido”. Cierto: ningún presidente resiste la tentación de tallar su legado en las altas cortes. Pero hay diferencias de grado y de método. El propio balance de nominaciones del actual Gobierno (entre Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Banco de la República y Corte) ha sido descrito por prensa internacional como “agridulce”: avances puntuales seguidos por nombramientos con evidente cercanía política y retrocesos en paridad. No es una denuncia partidista; es un diagnóstico incómodo sustentado por expertos.
Además, la presión no ocurre en el vacío. En paralelo, el Presidente ha tensado el marco constitucional con decretos y narrativas que buscan legitimar atajos (“consulta sin Senado”) o descalificar controles como “golpes blandos” cuando la institucionalidad le resulta incómoda.
En junio, El País documentó la controversia del decreto de consulta y cómo su suerte quedó en manos de una Corte renovada; varios líderes (desde Humberto de la Calle hasta gremios económicos) advirtieron del riesgo de usurpación de funciones. En este ajedrez, cada magistrado deja de ser una toga y se vuelve un peón o un alfil, según quién lo mueva.
Y hay otro ángulo que no podemos soltar: la paridad. Tras salidas y nuevos nombramientos, la Corte retrocedió a 6 hombres y 3 mujeres. Si la próxima elección no corrige el desequilibrio, el mensaje será devastador para una justicia que debe reflejar a la sociedad que protege. No lo digo yo: académicas y centros de pensamiento han pedido que las ternas sean femeninas para recuperar el terreno perdido.
¿Entonces, qué hacer? Primero, reconocer que el Senado no es una notaría de cuotas políticas. Las audiencias públicas deben ser reales y exigentes, no un trámite para convalidar acuerdos previos. Segundo, exigir transparencia total en la construcción de ternas: criterios, hojas de vida, conflictos de interés y compromisos de independencia deben estar a la vista, con participación efectiva de academia y veedurías. Tercero, recordar a cada congresista que no eligen una voz para hoy sino una jurisprudencia para una década. Un magistrado complaciente es un alivio efímero para el poder; una Corte independiente es un seguro de vida para la República.
La experiencia reciente da razones para la desconfianza, pero no para la resignación. Se pudo imponer al abogado del Presidente y se impuso; también se intentó una “consulta” por decreto y la Corte tendrá la última palabra. Esa es la buena noticia: aún hay contrapesos. La mala es que podrían diluirse si el próximo nombramiento (esa “magistrada afín”) termina siendo otra pieza en la estrategia de cooptar el árbitro. Colombia no necesita alfiles con toga; necesita jueces con carácter.
Que el Senado escuche las advertencias de Uprimny y Hoyos (dos voces críticas desde miradas distintas) y que pese más el mérito que la obediencia. Porque si algo nos enseña esta coyuntura es que la Constitución no se defiende sola: la sostienen personas con biografías, convicciones y nervios de acero. Y de la próxima elección depende, en gran medida, si tendremos una Corte que le diga “no” al poder cuando corresponda, o una que mueva sus piezas al ritmo del Ejecutivo. La diferencia cabe en un voto. Y ese voto, hoy, vale el futuro.
Fuentes claves consultadas: reportajes y análisis de El País sobre la elección de Héctor Carvajal y la renovación de la Corte; investigaciones de La Silla Vacía sobre las movidas en el Senado; columnas de Dejusticia sobre independencia y paridad; y coberturas de prensa sobre las ternas recientes.
