El millonario crédito público de $1,5 billones aprobado en 2024 por la administración del alcalde Dumek Turbay Paz y avalado por 18 de los concejales del distrito, podría convertirse en un escándalo penal y fiscal sin precedentes.
De acuerdo con el análisis del abogado penalista Silverio Herrera Caraballo, los acuerdos 147 y 160 que autorizaron el endeudamiento presentan serias inconsistencias financieras que van mucho más allá de simples errores administrativos. El jurista advierte que se configuraría responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria tanto para el alcalde como para los concejales que respaldaron la iniciativa.
Según el abogado penalista, la denuncia señala manipulación en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, indicadores de deuda alterados y hasta un superávit primario negativo disfrazado de positivo, lo que violaría directamente la Ley 819 de 2003 y la Ley 617 de 2000, que regulan el acceso al crédito público en el país. “Esto no es un descuido contable: es la posible comisión de delitos graves”, sentenció Herrera.
El análisis plantea un abanico de delitos que comprometerían a la administración distrital:
- Falsedad ideológica en documento público: por presentar cifras manipuladas o inconsistentes.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: al aprobar un endeudamiento sin observar la normativa.
- Interés indebido en la celebración de contratos: si se demuestra que hubo beneficios para bancos o contratistas.
- Peculado por aplicación oficial diferente: si los recursos se desvían de su finalidad aprobada.
Los concejales que avalaron el proyecto tampoco quedarían al margen: podrían responder por prevaricato por acción, al aprobar un crédito con indicios de ilegalidad, o incluso por fraude procesal, si conocían las irregularidades y aun así dieron su voto positivo.
Además de lo penal, el escenario es igual de explosivo en lo fiscal y disciplinario. La Contraloría podría abrir procesos de responsabilidad fiscal por el riesgo patrimonial al Distrito, mientras que la Procuraduría tendría que investigar faltas gravísimas que podrían terminar en destituciones e inhabilidades.
De confirmarse las irregularidades, Cartagena quedaría con la calificación crediticia en jaque, la inversión comprometida y una ciudadanía con la confianza aún más erosionada frente a sus autoridades.
“El crédito de $1,5 billones no solo amenaza la estabilidad financiera de la ciudad, también golpea de lleno la legitimidad institucional. La justicia tiene aquí la oportunidad de marcar un precedente”, concluyó Herrera Caraballo.
En su momento el concejal Javier Julio Bejarano, único voto en contra, lanzó un duro campanazo de alerta: la ciudad podría hipotecar su futuro financiero. “Coincidimos con la Administración en que Cartagena necesita obras de infraestructura y de impacto social, pero lo que no compartimos es el mecanismo de financiación”, advirtió Bejarano.
El concejal recordó que el Distrito ya cuenta este año con un presupuesto histórico que supera los $4 billones, sumando el presupuesto inicial de $3,4 billones más dos incorporaciones recientes por $600 mil millones y $100 mil millones. “Con esa cifra se pueden materializar obras de alto impacto sin necesidad de llevar a la ciudad a un endeudamiento que compromete sus finanzas por décadas”, cuestionó.
El concejal fue más allá y señaló un punto crítico que, según él, ha sido ignorado: los pasivos contingentes. “Procesos judiciales contra el Distrito como los de Transcaribe, Aquarela, Edurbe o la Concesión Vial podrían generar fallos millonarios en contra, lo que pondría en jaque la capacidad de pago de la ciudad”, explicó.
Además, recordó que Cartagena ya arrastra deudas por más de $100 mil millones en tres créditos vigentes: $60 mil millones para el alcantarillado de Pontezuela y Bayunca, $20 mil millones para la chatarrización de buses viejos y casi $40 mil millones de Corvivienda.
“Estamos comprometiendo las finanzas distritales sin hacer un análisis integral de los riesgos. El Distrito podría quedar maniatado, pagando deudas en lugar de invertir en la gente”, concluyó Bejarano, quien insistió en que existen alternativas de financiamiento distintas al endeudamiento masivo.
La advertencia del concejal se suma a la alarma encendida por el abogado Silverio Herrera Caraballo, quien en su análisis penal alertó sobre posibles responsabilidades jurídicas y fiscales de los funcionarios que aprobaron el crédito.
