Un reciente fallo judicial en el departamento del Chocó ha generado una profunda indignación en el país: cerca de 4.000 soldados del Ejército Nacional quedaron sin recibir su salario —y en muchos casos, sin los recursos mínimos para su alimentación— tras la decisión de un juez de embargar las cuentas destinadas a la nómina y la manutención de la tropa.
Aunque el embargo responde a un fallo judicial previo, la medida ha desatado un debate nacional sobre la proporcionalidad de las decisiones judiciales, el respeto a los derechos fundamentales y el impacto que estas pueden tener en la seguridad nacional.
La decisión se origina en una antigua sentencia relacionada con un caso de desplazamiento forzado, que obligaba al Estado a realizar una publicación institucional en beneficio de las víctimas. El incumplimiento derivó en una sanción de más de 50.000 millones de pesos.
Lo cuestionable no es la condena en sí, sino el hecho de que la sanción termine afectando directamente a los soldados, quienes no tienen ninguna relación con la gestión administrativa ni con el incumplimiento del fallo.
“Un soldado no es un burócrata. Cada patrullaje, cada operación, implica jugarse la vida frente a grupos armados ilegales. Embargar su salario no es ejecutar una medida financiera; es golpear la moral de la tropa y debilitar la seguridad del país”, señalan expertos en derecho constitucional.
Los efectos de la decisión judicial van mucho más allá de un tema administrativo. Al dejar sin salario a quienes arriesgan su vida en patrullajes, combates y operaciones en zonas de alto riesgo, el fallo socava la confianza institucional y afecta directamente la moral de las Fuerzas Armadas.
El contraste resulta aún más indignante: mientras delincuentes reciben beneficios judiciales o incluso nombramientos como “gestores de paz”, los soldados que defienden el territorio son castigados con la suspensión de su sustento económico.
La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, los jueces tienen el deber de actuar con proporcionalidad, razonabilidad y respeto a la dignidad humana. Existen mecanismos legales que permiten cumplir las sanciones judiciales sin afectar la operatividad de las instituciones de seguridad ni la subsistencia de quienes las integran.
Embargar las cuentas destinadas a la nómina del Ejército en un territorio como el Chocó —donde la presencia militar es clave para contener a grupos armados ilegales, narcotraficantes y mineros ilegales— es una decisión que trasciende lo jurídico y se convierte en un problema de seguridad nacional.
Este episodio debe encender las alarmas en el Ministerio de Defensa y en toda la sociedad colombiana. Detrás de la cifra de “4.000 militares” hay seres humanos con familias e hijos, que hoy se preguntan si el sacrificio que hacen por la patria realmente vale la pena.
La justicia tiene un papel sagrado: impartir justicia sin generar injusticias. Cuando se pierde de vista este equilibrio, las decisiones judiciales pueden transformarse en actos que atentan contra el interés general y la seguridad del país.
Colombia no puede permitirse decisiones judiciales que castiguen a quienes defienden su soberanía. Si el Estado debe pagar sanciones, debe hacerlo con recursos institucionales adecuados, no a costa del sustento de quienes arriesgan su vida en selvas, ríos y montañas.
Nuestros soldados no son funcionarios comunes: son la base de la seguridad nacional. Por ello, este fallo debe revisarse con urgencia. La justicia puede ser firme, pero no puede ser ciega ante la realidad ni convertirse en un castigo para quienes defienden la República con sacrificio y disciplina.
