Juan Ramón Jaraba Martínez, mecánico de motos y conocido como «Peluca», interpuso una acción de tutela ante la justicia local, argumentando que las declaraciones del alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz lo han expuesto a un riesgo grave para su reputación y seguridad personal.
Según Jaraba Martínez, el mandatario lo habría señalado públicamente como presunto organizador de piques ilegales y caravanas de motocicletas, específicamente relacionadas con un evento previsto para este 31 de octubre conocido como «Las rodadas de la muerte». A raíz de estas afirmaciones, su taller mecánico fue intervenido por la Policía, sin orden judicial, y recibió amenazas de posibles acciones legales.
El mecánico aclara que su actividad es totalmente legal, dedicada a la preparación de motos para carreras oficiales, y que no organiza ni participa en eventos ilegales en la vía pública. Denuncia que estas acusaciones han generado un daño directo a su buen nombre y a su sustento económico, y que incluso podrían afectar su seguridad personal.
«El señor alcalde me esta señalando de un posible caos que puede suceder en Cartagena el día 31 de octubre de 2025, la llamada caravana de la muerte, en sus afirmaciones a manifestado que soy un organizador. Lo que con lleva a que si sucede algo ese día me va responsabilizar con denuncias por concierto para delinquir y otros delitos ya que a viva voz me ha señalado y en el día de ayer 08/10/2025 me mando a cerrar mi taller con la policía , los cuales me amenazaron con llevarme preso por el tema de la recompensa de treinta millones de pesos, entraron en mi taller sin orden judicial revisaron todas las motos y como conclusión me lo cerraron, yo dependo mi sustento económico de mi actividad como mecánico», dijo el denunciante a 724 | Noticias.
La acción de tutela solicita al juzgado que se adopten medidas cautelares inmediatas, incluyendo la suspensión de declaraciones públicas en su contra y la rectificación oficial de las acusaciones, mientras se tramita la vía judicial ordinaria.
Expertos legales señalan que este caso evidencia la delicada responsabilidad de los funcionarios públicos al hacer declaraciones sobre ciudadanos, y cómo estas pueden derivar en consecuencias graves para la vida privada, reputación y seguridad de los involucrados.
La resolución de la tutela podría marcar un precedente sobre la protección del buen nombre frente a acusaciones públicas de autoridades locales.
