Jovanny Bustos Cortés, ex asesor del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), desató un verdadero terremoto político y mediático al revelar su renuncia por presunto acoso laboral y, al mismo tiempo, interponer una contundente Denuncia Penal por Injuria y Calumnia. En su acción judicial, Bustos apunta directamente a funcionarios de alto nivel, así como a portales anónimos y ciudadanos ya identificados, a quienes acusa de haber orquestado una campaña de desprestigio sistemática para silenciarlo y destruir su reputación pública.
La denuncia de Bustos Cortés no solo expone graves conflictos internos en el IPCC, sino que obliga a la Fiscalía a investigar afirmaciones que vinculan a figuras públicas en un presunto plan para desacreditarlo.
Bustos Cortés, quien se desempeñó como Asesor de Despacho de la Dirección General del IPCC entre enero y julio de 2025, narró una experiencia laboral marcada por la presión y el conflicto.
El exfuncionario asegura que sus jornadas se extendían «de 5:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, de lunes a domingo». La causa de su renuncia, presentada mediante carta pública, fueron los «malos tratos» y el «acoso laboral» ejercido por la Jefa de Comunicaciones, Evelyn Díaz Leal.
Bustos Cortés, señala que Díaz Leal, a quien califica como «la falla de cabeza del equipo», intentó poner al personal en su contra y le impidió el desarrollo de sus funciones, convirtiéndolo en una figura «decorativa». El relato agrega un elemento explosivo: la Jefa de Comunicaciones es, según Bustos, expareja y madre de la hija de Juan Diego Perdomo Alaba, actual asesor de prensa, comunicaciones y medios nacionales del alcalde Dumek Turbay, lo que habría creado un ambiente laboral «insostenible».
“Yo renuncié, no me echaron”, afirmó Bustos, dejando claro que su salida fue forzada por el deterioro de las relaciones y no por desempeño.
En un movimiento sin precedentes, Bustos Cortés amplió su batalla legal al radicar una Denuncia Penal ante la Fiscalía contra los responsables de dos medios digitales anónimos: el blog ‘Corrupción al Día Colombia y Cartagena’, el perfil de Instagram ‘@opinometroctg’ y el perfil de Facebook ‘Noticias Ciudadanas Cartagena’. Asimismo, se prepara una tutela en contra de un ciudadano que fue ya individualizado, quien no solo hiciera varios comentarios denigrantes y difamatorios, sino que amenazó con atentar contra la integridad física de Bustos Cortés.
La denuncia documenta una feroz campaña difamatoria que lo acusa de:
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Fuente |
Imputación Grave |
Detalle Específico |
| @opinometroctg | Delitos de Acoso Sexual y Fraude | Afirmaciones de acoso sexual en la Alcaldía de Bucaramanga y de fraude/abuso de confianza en el IPCC por ejercer presiones para favorecer a su hermana en el Reinado de Independencia. |
| Corrupción al Día | Personalidad «Delincuente» | Lo tilda de tener una «personalidad de delincuente», de haber salido del Ministerio del Deporte «señalado por acoso» y de ser un «calumniador» y «payaso de la hipocresía». |
Bustos Cortés ha negado categóricamente todas estas imputaciones, destacando que esta campaña de desprestigio ha puesto en peligro su integridad y le ha causado graves problemas de salud, obligándolo a tratarse por depresión y ansiedad.
El punto más álgido de la denuncia es la solicitud formal a la Fiscalía para que cite a declarar a varios líderes regionales para desvirtuar las calumnias que provienen de la publicación del perfil ‘Opinometro Cartagena’.
- Dumek Turbay Paz, Alcalde de Cartagena.
- Iván Sanes Pérez, Exdirector del IPCC.
Bustos Cortés subraya que, como resultado directo de esta campaña, ha sido objeto de ataques, teme por su integridad física y la de su familia, y actualmente se encuentra en tratamiento por depresión y ansiedad.
Bustos argumenta que el objetivo de estas publicaciones es «atentar contra el buen nombre y honra de todo aquel que cuestione la actual administración». El proceso judicial obligará ahora al ente investigador a rastrear e individualizar a los responsables detrás de estas cuentas anónimas, abriendo un debate importante sobre la ética y la responsabilidad en los medios digitales de la región Caribe.
El proceso judicial obligará a la Fiscalía a utilizar su aparato investigativo para individualizar a los responsables detrás de estas cuentas anónimas y asegurar las evidencias digitales, abriendo un precedente sobre la responsabilidad penal en el periodismo digital anónimo y las redes sociales.
La ciudad espera ahora una respuesta de la Fiscalía para determinar quiénes están detrás de estos ataques y si existe una maquinaria de desprestigio en operación.
