La tenencia responsable de perros y gatos en copropiedades es obligatoria y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas de hasta $711.750
Tener una mascota en un conjunto residencial en Colombia no solo implica compañía y afecto, sino también responsabilidades legales y normas estrictas de convivencia. El incumplimiento de estas reglas puede traducirse en multas económicas significativas y sanciones internas impuestas por las administraciones de las copropiedades.
La convivencia en conjuntos residenciales está regulada por disposiciones que buscan garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar colectivo, aplicables tanto a las personas como a los animales de compañía. Aunque la tenencia de perros y gatos es una decisión personal o familiar, su circulación y permanencia en zonas comunes como pasillos, jardines, ascensores y áreas recreativas está sujeta a normas obligatorias.
El desconocimiento de estas reglas no exime de responsabilidad y puede generar conflictos entre vecinos, así como consecuencias legales para los propietarios de mascotas.
En Colombia, los propietarios de perros pueden enfrentar una multa de hasta $711.750 por incumplir las normas de tenencia responsable en espacios comunes de conjuntos residenciales. Esta sanción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) en 2025, de acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia.
Las infracciones más comunes incluyen permitir que las mascotas transiten sin correa, no usar bozal en perros considerados potencialmente peligrosos, no recoger los excrementos y generar situaciones de riesgo o perturbación a la tranquilidad de la comunidad.
El respaldo jurídico de estas sanciones se sustenta en dos pilares normativos. En primer lugar, la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, autoriza a las copropiedades a establecer reglamentos internos orientados a proteger la seguridad, la salubridad y la convivencia pacífica de los residentes.
En segundo lugar, el Código Nacional de Policía y Convivencia establece obligaciones claras para los dueños de mascotas, entre ellas el uso obligatorio de correa para todos los perros y bozal para aquellos catalogados como potencialmente peligrosos, tanto en espacios públicos como en zonas comunes privadas.
Además de las multas impuestas por las autoridades, las administraciones de los conjuntos residenciales pueden aplicar medidas disciplinarias internas cuando una mascota represente un riesgo recurrente para la comunidad. Estas sanciones pueden incluir llamados de atención formales, restricciones en el uso de zonas comunes y procesos sancionatorios progresivos, siempre que estén debidamente contemplados en el reglamento interno.
No obstante, dichos reglamentos deben haber sido aprobados democráticamente en asamblea y no pueden contradecir la legislación nacional vigente.
Expertos en convivencia y administración de propiedad horizontal coinciden en que la tenencia responsable de mascotas es fundamental para evitar conflictos y sanciones. El respeto por las normas, el control adecuado de los animales y la consideración hacia niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud especiales permiten una convivencia armónica entre personas y animales en los conjuntos residenciales del país.
