El escándalo de esta semana es el ataque del Gobierno a la democracia al declarar un estado de emergencia para implementar la reforma tributaria que le rechazó el Congreso. El escandalito adicional es la oscura colocación de $23 billones en deuda pública, sin los procedimientos usuales.
La colocación de esos recursos algo más de 6.000 millones de dólares a la fecha, se hizo de manera directa a un inversionista privado cuyo nombre no se conoce y sin información oficial sobre la tasa de interés que se pagará. Sin embargo, se ha filtrado que el Gobierno pagará una tasa de 13,15%. La operación rompe con la transparencia con la que hasta ahora se había manejado la deuda colombiana, mediante subastas públicas, neutralidad y entrega simultánea de la misma información a todos los actores. ¿Quién fue el beneficiado? ¿Por qué se pagó una prima extraordinariamente alta? ¿Hubo intermediación con comisión de por medio?
La operación evidencia que el Ministerio de Hacienda enfrenta gravísimos problemas con la deuda pública: cada día le cuesta más colocar los bonos colombianos y debe pagar tasas cada vez más altas.
Para septiembre de este año, la deuda bruta del Gobierno aumentó $169 billones frente al mismo mes de 2024, el mayor salto anual desde 2002. Desde septiembre de 2022, el saldo total ha crecido en $317 billones y llegó a $1.138 billones en septiembre de 2025. La deuda es 38,6% mayor que la heredada del Gobierno Duque, que —no hay que olvidarlo— tuvo que enfrentar la pandemia y endeudarse para hacerlo.
Hoy pagamos en promedio tasas del 12% por deuda a 10 años, cuando en la década pasada oscilaban entre 6% y 8%. Si antes pagábamos intereses similares a los de Chile, México y Perú, nuestros pares regionales en materia fiscal, hoy pagamos algunas de las tasas más altas del mundo, junto con Turquía y Ucrania.
La deuda neta supera el 61% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, destinamos $61 de cada $100 que produce el país al año al pago de deuda. En 2026 será del 63%. De los impuestos que recaudamos, un tercio se va al pago de intereses, lo que deja muy poco espacio para inversión y gasto productivo. El panorama no mejora: la CARF prevé que en 2027 la deuda neta llegue al 64,4% del PIB.
El peligroso aumento de la deuda refleja el problema de fondo: el déficit fiscal, que alcanza el 7,1% del PIB, el más alto de la historia, incluso superior al registrado durante la pandemia. En 2026 será del 7,6%. El Gobierno gasta mucho más de lo que ingresa y, para cubrir la diferencia, se endeuda cada vez más y a un costo mayor. Si el presupuesto nacional en 2022 fue de $350,4 billones, el del próximo año asciende a $546,9 billones.
Aquí aparece el verdadero escándalo. Petro presentó al Congreso una nueva reforma tributaria para cobrar más impuestos y así financiar un mayor gasto en funcionamiento, nómina y contratos de prestación de servicios. Durante su Gobierno, el gasto en funcionamiento ha crecido 74,1%; la nómina pasó de 1.318.729 servidores públicos en 2022 a 1.398.483 en agosto de este año; y solo en el primer semestre se celebraron 394.600 contratos de prestación de servicios, con un costo de $14,1 billones, sin incluir SENA ni ICBF.
Petro gasta mucho más y la economía crece mucho menos. En 2022 la economía creció 7,5%; en 2023 apenas 0,6% —el peor registro en cien años, exceptuando la pandemia—; 1,7% en 2024 y alrededor de 2,6% este año. Por estas razones, el Congreso esperaba un esfuerzo serio de control del gasto y reducción del déficit, y por eso no aprobó la tributaria.
La ley es clara: si no se aprueba una reforma tributaria, el Gobierno debe aplazar o recortar el gasto desfinanciado. Sin embargo, Petro decidió declarar un estado de emergencia para imponer por decreto lo que le negaron en el Congreso. Pretende hacerlo, además, cuando las Cortes están de vacaciones, impidiendo que la Corte Constitucional ejerza el control automático sobre los estados de excepción previsto en la Carta del 91.
No se trata solo de un acto desleal. Es una trampa a la Constitución y a la separación de poderes. Negar impuestos es una competencia legítima del Congreso. Si no aprobar una tributaria fuera causal de emergencia económica, el Congreso estaría obligado a aprobar cualquier reforma que presente el Gobierno. Petro busca, una vez más, gobernar por decreto lo que no consiguió por ley.
La emergencia económica está prevista para hechos sobrevinientes y excepcionales, no para problemas sistémicos, previsibles y provocados por el propio Gobierno, como el déficit fiscal y un presupuesto desfinanciado.
Urge que Petro abandone sus tendencias autoritarias, respete la independencia del Congreso y no burle el control constitucional aprovechando la vacancia judicial.
Lo que el país necesita es austeridad y disciplina fiscal, reducir el gasto en nómina y contratos de prestación de servicios y dejar de meterle la mano al bolsillo de los colombianos trabajadores y honestos para dilapidar sus recursos en corrupción y en la maquinaria política del Pacto Histórico de cara a las elecciones.
