Lo que comenzó como el caso de un supuesto asesor fantasma ahora amenaza con destapar un patrón más amplio de presuntas irregularidades en la contratación pública en Cartagena. Nuevos nombres, diplomas sin respaldo y movimientos judiciales cuestionados alimentan la preocupación ciudadana por posibles fallas en los controles institucionales.
En marzo de 2025, los cartageneros conocieron el caso de Amílkar Jair Venecia Barrios, el asesor fantasma, quien se hacía pasar por contratista de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana (SICC) de la Alcaldía de Cartagena e incluso asistía a reuniones a nombre de la SICC y usaba indumentaria alusiva a esa entidad y a Distriseguridad.
Además de estas dos oficinas, parece que todo habría sucedido con la anuencia de otras dependencias, tal y como quedó consignado en un acta de abril de 2024 de una reunión del plan de desarrollo de las comunidades afro, en donde Venecia menciona no solo interacciones con varias entidades, sino que participa junto con miembros de: Secretaría de Planeación, EPA-Cartagena, Secretaría de Infraestructura, UMATA, OAGRD, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría General y el mismísimo despacho del alcalde Dumek Turbay Paz. En otras palabras, la presencia de Venecia en la Alcaldía de Cartagena no era un secreto.
Desde la denuncia, Amílkar Venecia no solo andaba manejando un bajo perfil y ya no se le veía en fotos con funcionarios de la Alcaldía. Sin embargo, pese al escándalo y para sumarle a su desprestigio, el Concejo de Cartagena decidió darle trabajo desde el 23Ene2026, a través del contrato CD-149-2026 de una duración de cuatro meses, un valor total de $10 millones y bajo la supervisión del secretario General, Jorge Mario Bravo Echeverry. El proceso de Venecia está en etapa de indagación en la Fiscalía.
Los otros dos casos sonados en el 2025 fueron los de las contratistas de la administración de Dumek Turbay que presentaron diplomas falsos como parte de sus hojas de vida: Tatiana Cecilia Torres Tatis y Yeymmy Paola Vargas Gómez (leer ‘La sombra de los títulos falsos en la era de Dumek Turbay’). La denuncia de Tatiana Torres sigue su normal curso en la Fiscalía. El mes pasado amplié denuncia por medio de una entrevista con la investigadora asignada al proceso.
Por el lado el lado de Yeymmy Paola, protegida de Lucy Espinosa Díaz (directora del IPCC), la cosa es un poco más complicada. La exreina, en vez de dar explicaciones a la ciudadanía que pagó sus honorarios, se le vio en redes sociales haciéndose la loca para pasar la fiesta encuera en noviembre del año pasado.
Luego de sendas acciones de tutela que presenté hace unos meses pude enterarme de un movimiento que considero sospechoso, y que ya está en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar: las fiscales de la Seccional Cartagena Hoyceladny Luna Polo (fiscal 49) y Dora Patricia Cáceres Puentes (fiscal 40), en menos de lo que canta un gallo, resolvieron que la denuncia mía en contra de Yeymmy Paola, originalmente asignada a Luna Polo, pasaría al despacho de Cáceres Puentes por conexidad procesal. La razón: apareció una denuncia por los mismos hechos radicada antes que la mía.
La suspicacia que causa la diligencia se debe a: (a) que yo sepa, fui la primera persona que confirmó con la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga que la certificación era falsa, por lo que si hay una denuncia antes que la mía debió basarse en puras conjeturas; (b) la reticencia de la fiscal Cáceres Puentes en darme copia de la denuncia previa que le fue asignada, siendo que soy parte interesada en mi calidad de denunciante; (c) que el despacho de la fiscal Luna Polo oyó en entrevista a Yeymmy a los dos días después de habérsele asignado el caso, pero nunca me citó pese a que era el denunciante; (d) que solo hasta que presenté las tutelas fue que programaron mi entrevista meses después de la entrevista que le hicieron a Yeymmy; y (e) que la fiscal Cáceres Puentes tiene otras dos denuncias mías que datan de 2022 y 2024, las cuales están durmiendo el sueño de los justos en una gaveta. ¿Cuál sería la causa de la inusitada eficiencia, celeridad e interés de las fiscales Luna Polo y Cáceres Puentes en este caso? Adivina, adivinador.
- Dos casos más
El problema de las irregularidades en las credenciales académicas de los contratistas, por lo visto, es algo estructural y sistemático en la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar. Y acá el alegato no debe desviarse hacia si el monto de los honorarios es alto o no. El debate de fondo es que hay gente que sí se esfuerza por educarse y merece esos puestos, lo cual es particularmente relevante en una ciudad con una de las tasas más altas de desempleo e informalidad del país.
En ese contexto, el mutismo de la Alcaldía y Gobernación frente a los casos de Amílkar, Yeymmy y Tatiana, en mi opinión, envía un mensaje de ‘todo vale mientras estés en la rosca y no te dejes pillar’. Esto es devastador para la ciudadanía, en especial porque hay dos nuevos casos: Luis Alberto Escobar Infanzón y Ricardo José Vellojín Boiga.
Luis Alberto Escobar, del barrio Canapote (el mismo de alias “El Rasqui”), ha sido contratista de la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar y Concejo de Cartagena. Su historial es largo. Por ejemplo, en el 2017, trabajó en el IPCC cuando la directora era Berta Arnedo Redondo. Entre el 2018 y 2019 tuvo tres contratos en el Concejo de Cartagena, en donde le respondía al concejal Rafael Enrique Meza Pérez, de quien se dice son cercanos. En 2024, trabajó para el DATT con el contrato CD-DATT-2620-2024, supervisado por Mary Teherán Castro. También ha estado vinculado a la Gobernación de Bolívar desde hace mucho tiempo. Actualmente tiene el contrato DF-2105-2026, bajo la supervisión de Álvaro Jesús Gómez Poveda. (Hacer click aquí para ver la lista de contratos de Luis Escobar).
El caso de Luis Alberto Escobar es sui generis. En al menos ocho contratos, su hoja de vida muestra un diploma de bachiller académico del Colegio Americano, expedido el 25Dic1996 (que es festivo nacional). Sorprendentemente, las hojas de vida de otros contratos indican que Escobar se graduó una vez más de bachiller académico del Gimnasio Latinoamericano el 16Dic2015, a los 40 años de edad. Parece que a Escobar le quedó gustando tanto la etapa del bachillerato que decidió vivirla una vez más.
Dado que ambos colegios están fuera de funcionamiento, presenté una petición (y luego una tutela) a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (conocido como ‘El Departamental’, quienes custodian los expedientes del Colegio Americano) y al Ministerio de Educación. Este último remitió la solicitud a la Secretaría de Educación de Cartagena.
Respecto al diploma del Colegio Americano, el rector del ‘Colegio Departamental’ respondió que no pudo encontrar registros de Escobar Infanzón, por lo que no puede dar fe que se le haya expedido un diploma. En lo concerniente al Gimnasio Latinoamericano, la Secretaría de Educación contestó que dentro de los expedientes bajo su custodia no existe registro verificable, por lo que no pueden certificar la expedición oficial del diploma. Y algo más que contaré en una próxima entrega.
Por su parte, el caso de Ricardo Vellojín es exótico también. Entre 2012 y 2015, Ricardo trabajó en la Gobernación de Bolívar del sancionado Juan Carlos Gossaín Rognini. Luego para Unibac entre 2016 y 2019. Para Icultur-Bolívar durante el 2017 y 2019, durante la gobernación de Turbay, cuando la directora de la entidad era Lucy Espinosa Díaz (actual directora del IPCC). En la Secretaría General de la Alcaldía de Cartagena en el año 2021, bajo el mando de Luis Enrique Roa Merchán. Me cuentan que actualmente estaría vinculado a Distriseguridad, pero no he podido confirmarlo. (Hacer click aquí para ver la lista de contratos de Ricardo Vellojín).
De acuerdo a la documentación que Vellojín allegó a una de sus hojas de vida, este certificó haberse graduado de bachiller en ciencias humanas el 17Dic1999 del Colegio Seminario. Con esa información, presenté una petición y luego una acción de tutela, en donde el juzgado conminó a la institución a contestar de fondo pese a la renuencia de la secretaria Académica, Daniela Rodríguez Gutiérrez. La respuesta del rector, Jairo Álvarez Salcedo, fue que no se encontraron registros de Ricardo Vellojín, por lo que este no ostentaba la calidad de egresado.
Pero hay más. Hace unos años, la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), en cabeza de Sacra Nader David, emitió un informe en donde reportan que Vellojín Boiga se graduó de técnico el 25Mar2011 (hacer click aquí para ver el informe, pág. 2, número 26 de la lista). De hecho, en varios de los contratos que Vellojín contrajo con Unibac puede leerse que prestó servicios de técnico en producción de radio y televisión. Si no hay registros de su bachillerato, ¿cómo hizo para graduarse de técnico?
Resulta inaudito que todo este tiempo nadie se haya dado cuenta de estas irregularidades. Sacra Nader, Lucy Espinosa, los ordenadores del gasto y supervisores de los contratos de Luis Escobar y Ricardo Vellojín tendrán que darle muchas explicaciones no solamente a los cartageneros y bolivarenses, sino también a la Fiscalía después de que presente las correspondientes denuncias en la Fiscalía en los próximos días.
Por último, ¿alguien sabe cuántos de los indignados periodistas, columnistas y dueños de portales o sus familiares han publicado algo sobre estas graves denuncias que datan desde el año pasado?
Ñapa
La semana pasada presenté una acción de tutela para que Luis Payares Altamiranda y el CNC me respondieran una petición de cuatro puntos que les había enviado hace casi un mes. Entre las preguntas dirigidas a Payares estaba que me suministrara información del costo, fuente de financiación y la motivación para haberle encargado al CNC la encuesta acerca de varios aspectos de la gestión del alcalde Dumek Turbay.
Dijo que ya no era contratista del ICBF y que no iba a contestar las preguntas, citando el artículo 15 de la Constitución. ¿Qué tendrá que esconder el señor Payares Altamiranda que no quiso responder algo que es, incluso, de interés público? Dice el refrán que el que calla otorga.
Ayer, 20Abr2026, un juzgado le admitió una tutela que puso en mi contra y de 724 Noticas, en donde solicitó se le protegieran sus derechos al buen nombre, la honra, la dignidad humana, trabajo, debido proceso, información veraz e imparcial. Señor Payares, invocar muchos derechos de la Constitución no se traduce a que una demanda vaya a prosperar. Es más, le cuento que se le olvidó un pequeñito detalle en su tutela. No me voy a pronunciar de fondo por este medio por respeto al proceso.
Mientras las investigaciones avanzan y crecen las dudas sobre títulos académicos y contrataciones, la pregunta que queda en el aire es incómoda pero inevitable: ¿cómo pudieron pasar tantos casos sin que nadie dentro de las entidades levantara la mano a tiempo, o peor aún, sin que alguien respondiera ante la ciudadanía?
