La inversión de $168 mil millones en la megaobra “4 en 1” para Bocagrande y Castillogrande desató un pulso político de alto voltaje entre la Casa de Nariño y el Distrito de Cartagena. El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia que reconfigura la discusión: si la intervención se financia exclusivamente con recursos públicos y no incluye cobro por valorización, se estaría configurando un “subsidio al revés”.
En términos fiscales y distributivos, el mandatario cuestiona que el Estado asuma el costo total de una obra que, además de mitigar inundaciones, aumentará el valor de propiedades privadas de alto costo en los sectores más exclusivos de la ciudad.
La tesis presidencial es clara: cuando la inversión pública protege y revaloriza activos inmobiliarios de alto precio sin exigir contribución a sus propietarios, el resultado es regresivo. En otras palabras, recursos de todos —incluidos contribuyentes de menores ingresos— terminan fortaleciendo patrimonios privados de élite.
El contraste social es el combustible del debate. Mientras Bocagrande y Castillogrande reciben una intervención integral, más de 20.000 hogares en barrios vulnerables y zonas de bajamar enfrentan riesgo de inundación permanente por aumento del nivel del mar, erosión y fallas en drenajes, sin proyectos equivalentes en marcha.
La administración del alcalde Dumek Turbay defiende la obra como estratégica para la resiliencia urbana. Cartagena figura entre las ciudades más expuestas del Caribe al ascenso del nivel del océano; no intervenir, sostienen, comprometería turismo, empleo y estabilidad fiscal local.
El proyecto trasciende lo estético. Es un sistema de defensa urbana frente a mareas y colapso pluvial, estructurado en cuatro frentes:
- Sistemas hidráulicos subterráneos: colectores de gran diámetro para evacuar lluvias intensas.
- Estaciones de bombeo: infraestructura electromecánica que expulsa el agua aun cuando el mar supera el nivel de la vía.
- Modernización vial: reconstrucción con materiales resistentes a salinidad y corrosión.
- Renovación del espacio público: integración peatonal con protección costera.
La pregunta no es si la obra es necesaria —la evidencia climática sugiere que sí—, sino cómo se paga y a quién prioriza.
Bocagrande vs. periferia: la brecha en cifras
| Factor | Bocagrande / Castillogrande | Barrios periféricos (ej. Olaya Herrera) |
|---|---|---|
| Inversión actual | $168 mil millones | Intervenciones fragmentadas / En espera |
| Riesgo principal | Inundación de vías y sótanos | Pérdida total de viviendas y riesgo sanitario |
| Impacto económico | Turismo y valor inmobiliario | Supervivencia y seguridad alimentaria |
El contraste reaviva una tensión estructural: ¿resiliencia selectiva o adaptación con equidad?
El presidente plantea aplicar cobro por valorización a propietarios beneficiados por la obra. El mecanismo —previsto en la legislación colombiana— permitiría recuperar parte del aumento en el valor del suelo y destinar recursos a intervenciones en zonas vulnerables.
En términos de política pública, el mensaje es contundente: la adaptación climática no puede crear “islas de seguridad” para sectores de altos ingresos mientras comunidades populares siguen expuestas. La protección del patrimonio urbano debe ir de la mano con la protección de la vida y la vivienda en la periferia.
- Lo que está en juego
Más allá de Cartagena, el debate anticipa cómo las grandes ciudades financiarán sus planes de resiliencia en la próxima década. La ecuación es compleja: infraestructura costosa, urgencia climática y una sociedad profundamente desigual.
La discusión ya no es solo técnica; es política y ética. ¿Quién paga la factura de la adaptación? ¿El Estado en bloque o quienes reciben beneficios directos? La respuesta marcará el modelo de ciudad que Colombia decida construir frente al avance del mar.
