Durante las últimas semanas ha vuelto a instalarse un fantasma que Colombia creía haber dejado atrás: el de los racionamientos de energía. La sola posibilidad de revivir la llamada «hora Gaviria», una medida adoptada hace más de tres décadas para enfrentar una de las peores crisis eléctricas de nuestra historia, debería producir más preocupación que nostalgia. Porque si un país contempla nuevamente soluciones de emergencia para resolver un problema recurrente, el verdadero fracaso no está en el sistema eléctrico, sino en la capacidad del Estado para planificar.
La «hora Gaviria», implementada entre 1992 y 1993, respondió a circunstancias excepcionales. La severidad del fenómeno de El Niño, sumada a una matriz energética altamente dependiente de las hidroeléctricas, obligó al Gobierno de entonces a adelantar una hora el reloj con el propósito de aprovechar mejor la luz solar y reducir la demanda durante las horas pico. Fue una medida extrema para una crisis extrema.
Treinta años después, el contexto es muy diferente. Colombia dispone de mayor conocimiento técnico, mejores herramientas de predicción climática, una regulación más robusta y tecnologías que hace tres décadas eran impensables. Sin embargo, el país vuelve a debatir las mismas soluciones de hace treinta años. Esa realidad debería ser motivo de una profunda autocrítica institucional.
Si hoy existe el riesgo de racionamientos, las causas trascienden el comportamiento del clima. El cambio climático influye, sin duda, pero no explica por sí solo la fragilidad del sistema. También pesan los retrasos en proyectos de generación y transmisión, la incertidumbre regulatoria, la lentitud en la incorporación de fuentes renovables y la insuficiente expansión de la infraestructura energética frente al crecimiento sostenido de la demanda.
Las consecuencias de un eventual racionamiento irían mucho más allá del simple apagón. La industria disminuiría su productividad, el comercio asumiría mayores costos operativos y miles de pequeños empresarios verían afectadas sus ventas. La economía informal, que depende de cada jornada de trabajo para subsistir, sería una de las primeras víctimas.
El impacto también alcanzaría al sistema educativo. Colegios, universidades y centros de formación verían alteradas sus jornadas académicas, mientras que la educación virtual perdería continuidad en muchas regiones donde la conectividad ya presenta dificultades. Cada interrupción amplía las brechas de acceso al conocimiento.
En el sector salud, aunque hospitales y clínicas cuentan con plantas eléctricas de respaldo, operar permanentemente bajo esquemas de contingencia incrementa los costos, acelera el desgaste de los equipos y aumenta la presión sobre servicios cuya estabilidad resulta vital para miles de pacientes.
Tampoco pueden ignorarse los efectos sociales. Menos iluminación en las calles incrementa la percepción de inseguridad; los sistemas de transporte enfrentan mayores dificultades operativas y millones de ciudadanos tendrían que reorganizar sus rutinas laborales y familiares. Si además se modifica el horario nacional, la adaptación afecta los ciclos de sueño, especialmente en niños, adultos mayores y trabajadores con jornadas extensas.
Ahora bien, es necesario decirlo con claridad: cambiar la hora oficial no genera energía. No construye plantas eléctricas, no acelera proyectos de transmisión, no aumenta la capacidad instalada ni incorpora nuevas fuentes renovables. En el mejor de los casos, apenas redistribuye parte del consumo hacia otras franjas horarias. Puede aliviar temporalmente la presión sobre el sistema, pero no resuelve el problema estructural.
Por eso, el debate nacional no debería centrarse en si conviene o no revivir la «hora Gaviria». Las preguntas verdaderamente importantes son otras. ¿Por qué varios proyectos estratégicos permanecen retrasados? ¿Qué ocurrió con las inversiones necesarias para fortalecer la red de transmisión? ¿Por qué Colombia, con uno de los mayores potenciales solares y eólicos de América Latina, aún avanza con tanta lentitud en la diversificación de su matriz energética? ¿Qué señales se están enviando a los inversionistas para garantizar la seguridad energética del país durante las próximas décadas?
El cambio climático dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad permanente. Cada fenómeno de El Niño es más intenso, mientras el consumo eléctrico aumenta impulsado por la digitalización, la electrificación del transporte, el crecimiento urbano y la expansión industrial. Gobernar hoy implica planificar para escenarios extremos, no administrar crisis cuando estas ya estallan.
La seguridad energética es, en esencia, un asunto de seguridad nacional. De ella dependen la competitividad, la inversión, la confianza empresarial y la calidad de vida de millones de colombianos. Ningún país que aspire a crecer puede permitirse convivir con la incertidumbre de posibles apagones cada vez que disminuyen las lluvias.
Si finalmente el Gobierno decide implementar racionamientos o revivir la «hora Gaviria», esa decisión deberá entenderse como un mecanismo coyuntural para administrar una emergencia, jamás como una política pública de largo plazo. Las medidas transitorias pueden ser necesarias, pero nunca deben ocultar las responsabilidades estructurales.
Colombia no necesita volver a poner los relojes una hora adelante. Lo que necesita es adelantar, de una vez por todas, la planificación, las inversiones y las decisiones que durante años se han aplazado. Porque un país que, tres décadas después, sigue discutiendo las mismas soluciones para los mismos problemas no enfrenta únicamente una crisis energética; enfrenta una preocupante crisis de previsión estatal. Y esa, quizás, sea la más costosa de todas.
