El ente de control identificó presuntos pagos irregulares por más de $5 millones en raciones alimentarias facturadas a nombre de menores que ya habían fallecido. La Contraloría advierte fallas en la actualización de bases de datos y en los mecanismos de verificación del Programa de Alimentación Escolar.
Un nuevo hallazgo fiscal vuelve a poner bajo la lupa la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sucre y Sincelejo. La Contraloría General de la República detectó que durante las vigencias 2024 y 2025 se habrían autorizado pagos de raciones alimentarias a estudiantes que ya habían fallecido, situación que evidencia posibles fallas en los sistemas de información y en los controles previos a la entrega de recursos públicos.
Aunque los montos identificados no representan una proporción significativa frente al presupuesto global del programa, el organismo de control advirtió que el hecho revela debilidades administrativas que permitieron mantener activos como beneficiarios del PAE a personas que ya no podían recibir el servicio.
- Hallazgos en Sucre: cuatro estudiantes fallecidos seguían como beneficiarios
En la Gobernación de Sucre, la auditoría estableció un presunto detrimento patrimonial de $778.837, correspondiente al pago de raciones alimentarias asignadas a cuatro estudiantes fallecidos durante la vigencia 2025.
Uno de los casos generó especial preocupación entre los auditores: un estudiante cuyo fallecimiento había sido registrado desde el año 2022 continuó apareciendo en los registros oficiales como beneficiario del programa durante periodos posteriores.
Para la Contraloría, esta situación evidencia que los mecanismos de depuración y actualización de la información no funcionaron de manera oportuna, permitiendo que recursos destinados a la alimentación de niños y adolescentes fueran reconocidos a nombre de una persona que ya no hacía parte de la población escolar.
- Sincelejo: pagos a cinco estudiantes fallecidos
En el municipio de Sincelejo, el organismo de control encontró una situación similar. Durante los años 2024 y 2025 se habrían facturado raciones alimentarias correspondientes a cinco estudiantes fallecidos.
El presunto daño fiscal establecido en este caso asciende a $4.411.899. Aunque las entidades responsables señalaron que se trató de inconsistencias derivadas de la información registrada en las bases de datos educativas, la Contraloría sostuvo que los pagos fueron realizados y que las fallas en la verificación permitieron que los registros permanecieran activos durante varios meses.
Las entidades auditadas señalaron que las inconsistencias estarían relacionadas con información desactualizada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), plataforma utilizada para identificar a los estudiantes beneficiarios del programa.
Según las explicaciones entregadas, son las instituciones educativas, a través de sus directivos y responsables administrativos, las encargadas de reportar novedades como fallecimientos, retiros o traslados de estudiantes.
Tras conocerse los hallazgos, se realizaron actualizaciones en los registros y se iniciaron los procesos correspondientes para revisar los recursos involucrados, sin embargo, para la Contraloría estas acciones posteriores no eliminan la responsabilidad de fortalecer los controles antes de efectuar los pagos, pues la validación de los beneficiarios debe ser un proceso permanente.
- Un problema que vuelve a golpear la confianza en el PAE
Los nuevos hallazgos reviven el debate nacional sobre la vigilancia del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias sociales más importantes del Estado colombiano para garantizar la permanencia educativa y apoyar a millones de estudiantes de instituciones oficiales.
Durante los últimos años, el PAE ha sido objeto de investigaciones y cuestionamientos en diferentes regiones del país por situaciones relacionadas con fallas en la contratación, problemas de calidad de los alimentos, deficiencias en la supervisión e inconsistencias en los registros de beneficiarios.
Por esta razón, los organismos de control han insistido en la necesidad de implementar cruces periódicos de información con bases de datos oficiales, incluidos los registros de la Registraduría Nacional, con el propósito de evitar pagos indebidos y garantizar que los recursos lleguen exclusivamente a la población que cumple los requisitos.
- Más allá del dinero: el reto está en la eficiencia del sistema
Para analistas de gestión pública, el impacto más relevante de estos casos no está únicamente en el valor económico detectado, sino en la capacidad institucional para prevenir este tipo de situaciones.
Un sistema eficiente debería detectar automáticamente cambios en la condición de los beneficiarios y evitar que recursos públicos sean asignados a personas que ya no forman parte del programa.
Cada irregularidad, por pequeña que parezca, afecta la confianza ciudadana y puede restar capacidad a una estrategia diseñada para beneficiar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
- Contraloría mantiene abiertas las actuaciones fiscales
La Contraloría General de la República informó que continuará con las actuaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades fiscales derivadas de estos hallazgos.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a plantear una pregunta clave sobre el manejo del PAE: ¿cuentan realmente las entidades territoriales con sistemas de control suficientemente fuertes para garantizar que cada ración llegue al estudiante que la necesita?
La respuesta será determinante para recuperar la confianza en un programa esencial para miles de familias de Sucre y de todo el país.
