¡Ay, alcalde! Dicen en la Costa que cuando a alguien “le cae la porroca” es porque los problemas le llegan sin pedir permiso. Uno detrás de otro. Apenas está terminando de apagar un incendio y ya le están diciendo que mire para el otro lado porque hay humo. Y si la expresión popular sirve para describir momentos políticos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, parece estar atravesando una temporada en la que los jueces le están recordando, uno por uno, que en democracia hasta el alcalde más poderoso tiene quien le diga: “¡frene ahí!”
Porque esta vez no son los contradictores políticos, ni los enemigos de turno, ni los que hacen oposición desde las redes sociales. Son decisiones judiciales. De distintos despachos, por asuntos diferentes, pero con una coincidencia que debería hacer pensar a cualquiera que tenga el poder de administrar una ciudad: la voluntad del gobernante tiene límites.
- Primer porrazo: los Fondos de Desarrollo Local.
Una acción de cumplimiento promovida por el edil de la Localidad 2, Juan Carlos Molina, llegó hasta el Tribunal Administrativo de Bolívar. Y la justicia terminó ordenándole al Distrito avanzar en la creación y puesta en funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local, uno por cada localidad, con los recursos que establece la Ley 1617 de 2013.
Traducido al idioma de la calle: las localidades no pueden vivir eternamente esperando que desde el Centro Histórico les digan qué hacer, cuándo hacerlo y con qué recursos. La descentralización sin plata es como un restaurante sin cocina: tiene letrero, tiene mesas, tiene menú, pero nadie puede servir el plato.
Y aquí viene la parte que debería poner a pensar a la administración: los fondos deberán empezar a funcionar el 1.º de enero de 2027. Es decir, esto ya no es discurso, promesa, presentación de PowerPoint ni foto de evento. Hay una obligación judicial que cumplir.
- Segundo porrazo: Rosalba Pérez, la mujer de los fritos de la Plaza de la Trinidad.
Treinta años trabajando en Getsemaní no son tres días. Son una vida. Y cuando la Oficina de Espacio Público intervino su actividad, el caso terminó recorriendo el camino institucional hasta llegar a la Corte Constitucional que mediante la Sentencia T-201 de 2026, ordenó a la Alcaldía revisar su situación particular y adoptar medidas orientadas al restablecimiento de sus derechos.
Aquí nadie está diciendo que el espacio público no se pueda recuperar. Claro que se puede y se debe proteger. Pero una cosa es recuperar espacio público y otra muy distinta es olvidar que detrás de cada puesto, cada carrito y cada actividad informal puede existir una historia humana, económica y familiar que también merece ser examinada por la administración. La orden judicial deja una enseñanza sencilla: gobernar no es pasar la escoba y barrer a todo el mundo por igual. Hay que mirar casos, circunstancias y derechos.
- Tercer porrazo: el Parque de La Marina.
Ahí la cosa se puso verde. Y no precisamente por el color de los árboles. El Colectivo Ambiental “Defendiendo el Parque de La Marina” acudió a la justicia frente al proyecto de intervención distrital. Un juez ordenó crear una mesa técnica para estudiar las garantías de la intervención y la protección del arbolado antes de ejecutar las obras. ¿Eso significa que Cartagena no puede hacer obras? No.
Significa algo bastante más incómodo para cualquier administración acostumbrada a correr: primero hay que demostrar que se puede hacer y cómo se puede hacer. Porque una ciudad no es un tablero de Monopoly donde el que tiene las fichas mueve edificios, parques y espacios a su antojo.
Cartagena necesita obras, sí. Muchas. Pero también necesita árboles, patrimonio, estudios técnicos, participación y cumplimiento de las reglas. La modernización no puede convertirse en sinónimo de “quítese que ahí voy”.
- Y entonces aparece el cuarto capítulo.
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena negó las pretensiones de amparo formuladas por Turbay contra el veedor Ever Molina, en relación con expresiones realizadas durante una sesión pública del Concejo Distrital. ¡Y aquí sí que hay candela! Porque cuando el gobernante acude a los tribunales frente a expresiones de un veedor, la discusión deja de ser solamente jurídica y toca una fibra mucho más sensible: ¿qué tan cómoda se siente una administración frente a quienes la vigilan?
Que quede claro: cualquier persona, incluido el alcalde, tiene derecho al buen nombre y puede acudir a la justicia si considera vulnerados sus derechos. Eso no está en discusión. Pero también existe otro derecho que en una democracia resulta incómodo, ruidoso y hasta fastidioso: el derecho a criticar al poderoso.
Y un veedor que cuestiona al alcalde no necesariamente está atentando contra la institucionalidad. Puede estar haciendo exactamente aquello para lo cual existen los mecanismos de control ciudadano: vigilar al poder.
Al alcalde le corresponde gobernar. Al veedor, vigilar. A los periodistas, informar. A los jueces, decidir. Y a los ciudadanos, preguntar. Ese reparto de papeles es precisamente lo que diferencia una democracia de una monarquía tropical.
Así que por ahora tenemos cuatro capítulos: fondos locales, una vendedora de fritos, un parque con árboles y un veedor. Cuatro asuntos distintos. Cuatro escenarios judiciales y cuatro recordatorios de que en Cartagena el Palacio de La Aduana no queda por encima del Palacio de Justicia.
Dumek Turbay podrá tener una administración de obras, maquinaria, contratos, anuncios y resultados. Podrá ser un alcalde de acción. Y Cartagena, evidentemente, necesita que su alcalde actúe pero hay una palabra que debe acompañar cada acción de gobierno: legalidad.
Porque gobernar rápido no significa gobernar por encima de las normas. Gobernar fuerte no significa gobernar sin controles y gobernar con autoridad no significa que todos tengan que decirle que sí.
La democracia tiene una costumbre bastante fastidiosa para quienes ejercen el poder: pone límites y cuando esos límites los recuerda un juez, no hay discurso político que valga. Por eso dicen que a Dumek Turbay le cayó “la porroca”. Pero quizás el alcalde debería mirar el asunto de otra manera. Tal vez no sea la porroca. Tal vez sea simplemente la democracia haciendo su trabajo.
Porque cuando un tribunal obliga al Distrito a cumplir una norma, cuando la Corte protege los derechos de una trabajadora, cuando un juez exige garantías para un parque y cuando otro despacho preserva el espacio para la crítica, la ciudad no está perdiendo autoridad. La ciudad está ganando institucionalidad.
Y aquí viene la pregunta que nadie debería tomarse a mal: ¿qué tan dispuesto está un gobierno a aceptar los controles cuando las decisiones judiciales no coinciden con sus planes? Ahí está la verdadera prueba. Porque inaugurar una obra con banda, discurso y aplausos es relativamente fácil. Lo verdaderamente difícil es recibir una decisión judicial adversa
Así que, alcalde Turbay, si la porroca llegó, que llegue con todo. Porque mientras haya jueces, magistrados, veedores, ciudadanos, verdaderos periodistas y una Constitución que ponga límites, habrá algo que ningún alcalde puede tener en propiedad: la última palabra.
