Hay incendios que consumen edificios. Otros terminan consumiendo la credibilidad de quienes gobiernan. Lo ocurrido en el centro de Sincelejo no puede archivarse como una simple emergencia atendida por los organismos de socorro. Las llamas hicieron algo mucho más grave: iluminaron las enormes falencias con las que opera el Cuerpo de Bomberos de la capital sucreña y dejaron al descubierto una pregunta que las autoridades tendrán que responder sin evasivas: ¿está preparada Sincelejo para enfrentar una tragedia mayor?
Durante más de quince horas el fuego desafió a quienes tenían la responsabilidad de extinguirlo. Los primeros en enfrentar las llamas fueron los ciudadanos, armados apenas con baldes, mangueras y voluntad. Después llegaron los bomberos, quienes, según versiones conocidas durante la emergencia, tuvieron que lidiar con limitaciones operativas que jamás deberían existir en una ciudad capital. La ayuda de Corozal y Coveñas terminó siendo indispensable para controlar una conflagración que amenazaba con extenderse por el centro histórico. Eso no es normal. Y mucho menos aceptable.
Los bomberos no deberían depender de la buena voluntad de municipios vecinos para responder a una emergencia de gran magnitud. Cada minuto perdido por falta de equipos, vehículos en buen estado o recursos suficientes puede convertirse en una sentencia para quienes esperan ser rescatados.
Mientras tanto, los discursos oficiales suelen llenarse de anuncios sobre parques, festivales, conciertos, tarimas, embellecimiento urbano y obras de alto impacto político. Todo eso puede ser importante. Pero nada debería estar por encima de la protección de la vida.
La verdadera grandeza de una administración no se mide por el tamaño de sus inauguraciones, sino por su capacidad para responder cuando la ciudad está en peligro. Resulta paradójico que quienes arriesgan la vida para salvar la de los demás tengan que hacerlo, muchas veces, con equipos insuficientes, vehículos envejecidos y presupuestos que parecen diseñados para sobrevivir, no para proteger.
El incendio dejó pérdidas que superarían los 2.000 millones de pesos, pero pudo haber dejado algo irreparable: decenas de víctimas mortales. Esta vez la fortuna estuvo del lado de Sincelejo. La próxima emergencia podría no ofrecer la misma oportunidad.
Por eso, más que discursos de solidaridad o visitas protocolarias, lo que la ciudadanía espera son decisiones concretas. Una auditoría pública al estado del Cuerpo de Bomberos. Inversiones reales en equipos y parque automotor. Transparencia sobre el manejo de los recursos. Y, sobre todo, voluntad política para entender que la seguridad no puede seguir siendo el último renglón del presupuesto.
Las llamas ya fueron apagadas. Lo que sigue ardiendo es una verdad incómoda: cuando una ciudad descubre que sus bomberos no tienen todo lo necesario para enfrentar una gran emergencia, el problema ya no es el incendio. El problema es el abandono institucional y ese fuego, a diferencia del otro, no se apaga con agua. Se extingue con responsabilidad, gestión y decisiones.
