Cada vez que Colombia es golpeada por una tragedia natural emerge una de las expresiones más nobles de la sociedad: la solidaridad. Llegan alimentos, agua, medicamentos, dinero, ropa, equipos, maquinaria y brigadistas. Gobiernos extranjeros, organismos internacionales, empresas, fundaciones y ciudadanos abren sus manos para ayudar a quienes lo perdieron todo. Pero después de cada tragedia también aparece una pregunta incómoda que no debería interpretarse como una ofensa, sino como una obligación ciudadana: ¿Quién vigila que esa ayuda llegue realmente a quienes la necesitan?
La historia reciente de Colombia demuestra que la pregunta no es exagerada. En distintos momentos, recursos destinados a atender emergencias han terminado comprometidos en investigaciones por presuntas irregularidades, sobrecostos, fallas de contratación o deficiencias en la ejecución.
El terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026 vuelve a poner este interrogante sobre la mesa. Y la experiencia nacional obliga a formularlo con mayor rigor.
Después del terremoto del Eje Cafetero de 1999 fue creado el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC). Su administración posteriormente fue objeto de investigaciones y cuestionamientos relacionados con procesos contractuales. En 2002, la Contraloría advirtió sobre problemas en contratos celebrados con organizaciones no gubernamentales que participaron en las labores de reconstrucción. Pero aquello no fue un episodio aislado.
Durante la ola invernal de 2010-2011, el programa Colombia Humanitaria movilizó enormes recursos para atender a millones de damnificados. La Contraloría detectó entonces situaciones que generaron alarma, entre ellas mercados adquiridos por valores superiores a los precios comerciales y casos de personas fallecidas que figuraban como beneficiarias de ayudas.
También fueron reportadas obras de mitigación con problemas de ejecución, sobrecostos y anticipos cuya utilización no correspondía plenamente con lo contratado.
Mocoa ofrece otro ejemplo. Tras la devastadora avalancha de 2017, los recursos destinados a la reconstrucción y a las obras de mitigación quedaron bajo el escrutinio de los organismos de control por presuntas irregularidades. La Procuraduría cuestionó un proyecto superior a 185.000 millones de pesos, señalando deficiencias de planeación, retrasos y contratos que no llegaron a culminarse en las condiciones previstas.
Y después apareció el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los episodios más graves y recientes relacionados con el manejo de recursos destinados a atender necesidades de comunidades vulnerables.
En el caso de los 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, la Procuraduría estableció que fueron pagados más de 16.000 millones de pesos y señaló un presunto sobrecosto superior al 54%. Por estos hechos fueron objeto de sanciones disciplinarias exdirectivos de la entidad, congresistas y funcionarios.
La conclusión resulta tan incómoda como inevitable: la tragedia no termina cuando desaparecen los escombros. Después comienza otra batalla: impedir que la corrupción se monte sobre los hombros de los damnificados.
La ayuda humanitaria puede perderse de muchas maneras. Puede desaparecer físicamente, ser desviada, entregarse a quien no corresponde, adquirirse a precios inflados o terminar convertida en contratos multimillonarios que no producen los resultados prometidos.
Por eso, frente a la nueva emergencia desencadenada por el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno Nacional tiene una obligación inaplazable: garantizar transparencia absoluta en la administración de la ayuda humanitaria.
Cada peso recibido, cada donación, cada alimento, medicamento o insumo, así como cada contrato, proveedor, beneficiario y entrega, debe quedar debidamente registrado, trazable, auditado y disponible para la verificación pública. La solidaridad de los colombianos y de la comunidad internacional no puede convertirse en una caja negra administrativa.
En una emergencia de esta magnitud, la ayuda debe llegar a quienes realmente la necesitan y cada recurso debe poder ser rastreado desde su origen hasta su destino final. La transparencia no es un trámite adicional: es una obligación institucional y un mecanismo indispensable para proteger la confianza ciudadana.
La solidaridad de Colombia y del mundo no puede convertirse en botín de nadie. Los damnificados ya pagaron el precio de la tragedia. No sería justo que, además, tuvieran que pagar el precio de la corrupción. Por eso, mientras llegan las ayudas y comienza la reconstrucción, la pregunta seguirá vigente. No como una acusación anticipada, sino como un legítimo ejercicio de control ciudadano: ¿Quién se queda con la ayuda humanitaria?
