Las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella contra la corrupción merecen ser tomadas en serio, no como una frase más del discurso político, sino como una oportunidad para abrir una discusión que Colombia tiene pendiente desde hace décadas: ¿por qué tantos casos de presunta corrupción terminan caminando a paso de tortuga mientras algunos funcionarios y contratistas parecen convertirse, de la noche a la mañana, en personas con patrimonios que difícilmente se explican con sus ingresos legales conocidos?
Desde 724 Noticias aplaudimos que el Presidente haya puesto nuevamente sobre la mesa la persecución de los llamados delincuentes de cuello blanco y, sobre todo, que haya planteado que la corrupción no puede entenderse simplemente como un delito contra el Estado. Cuando desaparece el dinero destinado a una carretera, un hospital, un colegio, un sistema de acueducto o un programa social, las víctimas no son unas abstracciones llamadas “Estado” o “presupuesto público”: son ciudadanos de carne y hueso que dejan de recibir las obras y servicios que fueron financiados con sus impuestos.
Pero si realmente se quiere librar una batalla frontal contra la corrupción, habrá que ir mucho más allá de los discursos. Hay que abrir los archivos, desempolvar investigaciones, revisar contratos, seguir la ruta del dinero y establecer qué ocurrió con aquellos procesos contra gobernadores, alcaldes, funcionarios, contratistas y particulares que durante años han sido objeto de denuncias, investigaciones fiscales, disciplinarias o penales.
Y sería razonable comenzar por la Costa Caribe, una región en la que durante décadas la corrupción ha sido uno de los grandes problemas denunciados por organismos de control, medios de comunicación y ciudadanía. No porque la corrupción sea patrimonio de la Costa, sino precisamente porque allí existen numerosos antecedentes que ameritan una revisión rigurosa, independiente y sin consideraciones políticas.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuántas investigaciones han terminado archivadas, ralentizadas o sin resultados contundentes por falta de pruebas, por deficiencias institucionales o, cuando existan elementos que así lo indiquen, por posibles interferencias políticas, relaciones de poder o conflictos de interés?
No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de investigar. Colombia necesita saber qué pasó con expedientes que llevan años dando vueltas por despachos oficiales. Necesita saber por qué algunas investigaciones avanzan con rapidez mientras otras parecen quedar congeladas. Y necesita conocer si detrás de determinados procesos existieron intereses políticos, económicos o electorales que pudieron afectar su trámite. Si hubo funcionarios o particulares que actuaron correctamente, tendrán derecho a que la justicia lo establezca. Pero si hubo corrupción, quienes resulten responsables deben responder.
Hay otro asunto todavía más delicado: las relaciones entre política electoral, contratación pública y poder económico. En cada campaña electoral se construyen alianzas, acuerdos y compromisos políticos. Eso hace parte de la democracia mientras se mantenga dentro de la ley. El problema aparece cuando esos compromisos terminan convirtiéndose en posibles cuotas burocráticas, contratos, órdenes de prestación de servicios o negocios para personas cercanas al poder.
Por eso resulta indispensable revisar con lupa quiénes contratan con las administraciones públicas, cuánto reciben, qué experiencia acreditan, qué funciones cumplen y, especialmente, qué vínculos familiares, políticos, empresariales o personales pueden existir con funcionarios o dirigentes que tienen capacidad de decisión sobre la contratación.
Si un funcionario público tiene familiares que aparecen vinculados a OPS, contratos millonarios o negocios con entidades bajo la órbita de su administración, no basta con decir que todo es legal. Hay que revisar si existen conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades, favorecimientos indebidos o cualquier otra circunstancia que deba ser examinada por las autoridades competentes.
Y hay una pregunta que debería convertirse en obligación permanente para los organismos de control: ¿cómo se explica el patrimonio de determinados funcionarios y contratistas?
No estamos hablando de perseguir a quien prospera legítimamente. El problema está cuando una persona que durante años ha dependido fundamentalmente de ingresos provenientes del sector público aparece posteriormente con bienes, empresas, propiedades o patrimonios que no parecen guardar proporción con sus ingresos conocidos. Allí debe existir una explicación documentada y verificable.
La investigación patrimonial no puede convertirse en una cacería política, pero tampoco puede ser un tabú. Si existen indicios razonables de enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado, testaferrato, lavado de activos, peculado, celebración indebida de contratos o cualquier otra conducta punible, corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades. Y si no existen irregularidades, también debe quedar claro.
El Presidente De La Espriella tiene razón en algo fundamental: la plata pública es sagrada porque es la plata de los colombianos. Precisamente por eso, el combate contra la corrupción no puede detenerse en quien firmó un contrato o en quien terminó condenado. Hay que seguir la ruta completa del dinero.
¿Quién contrató? ¿Quién recibió? ¿Quién subcontrató? ¿Quién se benefició? ¿Qué bienes adquirió? ¿Quiénes aparecen como propietarios? ¿Qué familiares o personas cercanas terminaron vinculados a los negocios? ¿Hubo empresas de papel? ¿Hubo intermediarios? ¿Hubo sobrecostos? ¿Hubo contratos repetidos? ¿Hubo funcionarios que incrementaron inexplicablemente su patrimonio? Esas son las preguntas que deben responderse.
También sería conveniente que la ofensiva anunciada contra los bandidos de cuello blanco no termine únicamente en condenas de cárcel. Si una investigación demuestra que determinados bienes fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas, el Estado debe utilizar todos los mecanismos legales disponibles para perseguirlos y procurar su recuperación. Porque de poco sirve que un corrupto termine condenado si conserva intacto el patrimonio obtenido mediante el saqueo de los recursos públicos.
La corrupción tampoco debería tener partido político. No puede perseguirse únicamente al adversario y proteger al aliado. No puede haber una justicia implacable para el enemigo político y complaciente con el amigo electoral. Y mucho menos puede permitirse que quienes llegan al poder con determinadas alianzas terminen utilizando el aparato estatal para pagar favores de campaña.
La verdadera prueba de cualquier gobierno que prometa combatir la corrupción será precisamente esa: investigar a los propios, a los aliados, a los antiguos aliados y a los adversarios con el mismo rasero.
Desde la Costa Caribe debería comenzar una gran revisión de los procesos pendientes, no para condenar mediáticamente a nadie, sino para impedir que investigaciones que puedan tener relevancia penal, fiscal o disciplinaria permanezcan indefinidamente en los escritorios.
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Si existen expedientes engavetados, que se conozca por qué. Si están archivados porque no había mérito, que se explique. Si existen pruebas que ameritan avanzar, que avancen. Si hay responsables, que respondan. Y si hubo funcionarios que actuaron correctamente, que la justicia también los reivindique.
Porque la lucha contra la corrupción no se gana con discursos. Se gana cuando el poder deja de ser un escudo, el apellido deja de ser un salvoconducto, los contactos dejan de comprar privilegios y el dinero público vuelve a tener un dueño claro: los colombianos.
La frase presidencial es contundente. Ahora falta convertirla en hechos: la plata pública es sagrada. Y quien la robe, sea quien sea, debe responder.
