Después de más de una década de actuaciones judiciales, el proceso por el homicidio de Alfredo Isaac Fernández llegó a un punto decisivo: el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Sincelejo decretó la preclusión a favor de Ramiro José García Aljure e Ilda Rosa Carrascal Paternina, al considerar que la acción penal había prescrito.
La decisión no está en firme. La Fiscalía y el representante de las víctimas interpusieron recurso de apelación, por lo que ahora será el Tribunal Superior de Sincelejo el encargado de revisar la determinación y establecer si la confirma o la revoca.
El fundamento de la decisión fue la prescripción de la acción penal, figura jurídica que opera cuando transcurre el término establecido por la ley para ejercer la persecución penal. Esta circunstancia no equivale a una declaración de inocencia de los procesados ni establece responsabilidad sobre ellos.
El caso, sin embargo, vuelve a poner la atención sobre la duración del proceso y las actuaciones que llevaron a que una investigación por homicidio llegara al escenario de la prescripción después de tantos años.
Durante la audiencia también se planteó la necesidad de determinar si existieron actuaciones u omisiones de funcionarios que pudieron incidir en el desarrollo y prolongación del proceso. De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, este aspecto podría ser objeto de las investigaciones disciplinarias correspondientes.
Otro punto señalado durante la actuación judicial fue la ausencia de la Procuraduría en la audiencia, pese a que en una diligencia anterior había expresado una posición frente a la solicitud de la defensa.
Ahora la decisión está en manos del Tribunal Superior de Sincelejo, que deberá estudiar los argumentos de la apelación y determinar el futuro jurídico del proceso. Mientras tanto, la familia de Alfredo Isaac Fernández permanece a la espera de una decisión definitiva sobre un expediente que lleva más de una década en los despachos judiciales.
El próximo capítulo del caso ya no se definirá en el juzgado que decretó la preclusión, sino en segunda instancia, donde el Tribunal deberá establecer si la prescripción aplicada en primera instancia se ajustó a la ley.
