El Juzgado Octavo Civil del Circuito concluyó que la casa editorial no acreditó el cumplimiento integral de un fallo de tutela que protegió los derechos a la honra y al buen nombre de Jovanny Bustos Cortes. La sanción impuesta al representante legal para fines judiciales deberá ser revisada por el Tribunal Superior de Cartagena.
Cartagena. La Casa Editorial El Tiempo enfrenta una sanción judicial por el incumplimiento de una orden de rectificación periodística. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a Andrés de la Cruz Andrade, representante legal para fines judiciales de la compañía, al concluir que no se acreditó el cumplimiento integral de un fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Jovanny Bustos Cortes.
La decisión está contenida en el Auto Interlocutorio No. 423, fechado el 28 de octubre de 2026, dentro del incidente de desacato promovido por Bustos contra Casa Editorial El Tiempo y el periodista John Montaño Gómez. El expediente también registra como vinculados al Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena y a la Fiscalía 40 Seccional de Cartagena.
El pronunciamiento judicial constituye un nuevo capítulo en una controversia originada por una publicación periodística del 21 de mayo de 2026. El punto determinante para el juzgado fue que la empresa incorporó una nota de rectificación dentro de la noticia original, en lugar de realizar una publicación de rectificación conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia.
- La justicia concluyó que la rectificación no cumplió integralmente la orden
En el fallo de segunda instancia del 31 de agosto de 2026, el Tribunal Superior de Cartagena amparó los derechos fundamentales de Bustos Cortes y ordenó a las directivas de El Tiempo publicar una rectificación de la información difundida el 21 de mayo.
La orden judicial, según la transcripción incorporada en el Auto Interlocutorio No. 423, exigía publicar una nota en la que el medio afirmara que incurrió en un error al señalar que Bustos Cortes había sido identificado por el ente acusador como «presunto cerebro y autor intelectual» dentro de las investigaciones adelantadas en su contra.
Sin embargo, al revisar las actuaciones posteriores, el Juzgado Octavo Civil del Circuito encontró que la casa editorial no había demostrado el cumplimiento integral de esa disposición. El despacho señaló expresamente que El Tiempo no realizó una publicación de rectificación de la noticia en los términos ordenados, sino que incluyó una nota correctiva dentro de la publicación original del 21 de mayo. Para el juzgado, esa actuación no se ajustó a lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia.
La conclusión resulta determinante porque no se trata únicamente de la inconformidad expresada por el accionante. En el auto del 28 de octubre, la propia autoridad judicial dejó consignado que, pese a los informes presentados por la empresa, no se acreditó el cumplimiento integral de la orden de tutela.
- Dos salarios mínimos de multa al representante legal
En la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 423, el juzgado impuso la sanción por desacato a Andrés de la Cruz Andrade, en su condición de representante legal para fines judiciales de Casa Editorial El Tiempo.
La multa corresponde a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y deberá consignarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en la decisión.
El despacho dispuso que el pago se realice en la cuenta oficial señalada en el auto, con destino a multas y cauciones del Consejo Superior de la Judicatura, y que el respectivo comprobante sea presentado ante el juzgado. También advirtió que, de ser necesario, se remitirá copia de la providencia a la oficina de jurisdicción coactiva para los trámites legales correspondientes.
Es importante precisar que la sanción descrita fue impuesta al representante legal para fines judiciales identificado en la providencia. Aunque John Montaño Gómez figura como accionado dentro del trámite, el numeral primero de la decisión atribuye expresamente la multa a Andrés de la Cruz Andrade.
- El caso pasa al Tribunal Superior de Cartagena
La decisión no agota el trámite judicial. En el numeral tercero de la parte resolutiva, el Juzgado Octavo Civil del Circuito ordenó remitir la actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para que se surta el grado jurisdiccional de consulta, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Este procedimiento permite que el superior funcional revise la sanción impuesta por desacato. En consecuencia, aunque existe una multa decretada mediante providencia judicial, su situación debe entenderse dentro de esa etapa de revisión y no como una sanción definitivamente confirmada.
El juzgado también dispuso mantener la competencia para verificar el cumplimiento del fallo de tutela, en el evento de que el accionante así lo manifieste.
- Una controversia sobre el alcance de la rectificación periodística
El incidente de desacato se produjo después de varios requerimientos judiciales. Según los antecedentes consignados en el auto, el 11 de septiembre se requirió al representante legal para fines judiciales de El Tiempo y a su gerente, David Matoses Peraire, para que informaran sobre las gestiones encaminadas a cumplir la orden. Posteriormente, el 28 de septiembre se abrió formalmente el incidente y el 20 de octubre se dispuso la apertura de la etapa probatoria.
La discusión también había sido planteada por Bustos Cortes en un memorial fechado el 21 de octubre, en el que cuestionó la interpretación de la sentencia sostenida por los accionados. El accionante defendió que la rectificación debía realizarse mediante una publicación diferenciada, con visibilidad suficiente para que los lectores pudieran identificar el error reconocido por el medio.
La empresa, de acuerdo con los argumentos citados en ese memorial, sostuvo que el fallo no ordenaba publicar un artículo autónomo e independiente de la noticia original. Esa diferencia de interpretación terminó siendo uno de los puntos centrales del incidente, que ahora cuenta con una decisión sancionatoria de primera instancia en materia de desacato.
- El alcance de la decisión para el ejercicio del periodismo
El caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las órdenes judiciales de rectificación y la importancia de que su cumplimiento se ajuste a las condiciones establecidas por los jueces.
La controversia no se limita a determinar si se introdujo una corrección en una página web. La cuestión examinada por el juzgado es si la actuación de la empresa correspondió efectivamente a lo ordenado por el Tribunal Superior de Cartagena para proteger los derechos fundamentales del accionante.
La decisión del 28 de octubre establece que, para el despacho de primera instancia, el cumplimiento acreditado por El Tiempo fue insuficiente y procedía imponer una sanción por desacato. La revisión que deberá realizar el Tribunal Superior será determinante para conocer si la multa se mantiene, se modifica o se revoca.
Por ahora, el expediente deja una conclusión judicial concreta: el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena impuso una multa de dos salarios mínimos al representante legal para fines judiciales de Casa Editorial El Tiempo, al considerar que no se cumplió integralmente la orden de rectificación, y remitió el asunto al Tribunal Superior para la revisión correspondiente.
