Cartagena no puede darse el lujo de convertir su educación superior pública en el escenario de una disputa de poder entre la Alcaldía y la Rectoría. Mientras Dumek Turbay y Juan Alberto Arraut cruzan argumentos sobre presupuestos, ejecución y responsabilidades, hay una pregunta que ninguno puede esquivar: ¿quién está respondiendo por los estudiantes?
En Cartagena parece que para anunciar grandes inversiones siempre hay micrófonos, cifras y discursos. Pero cuando se trata de garantizar que los jóvenes puedan estudiar en condiciones dignas, las explicaciones comienzan a multiplicarse y las responsabilidades parecen diluirse.
Lo que está ocurriendo en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, UMAYOR, merece mucho más que otro intercambio de declaraciones entre el alcalde Dumek Turbay y el rector Juan Alberto Arraut Camargo. Estamos hablando del presente y el futuro de miles de jóvenes que encontraron en la educación pública una posibilidad para transformar sus vidas.
El dirigente político Fernando Niño Mendoza ha puesto sobre la mesa denuncias que deberían encender las alarmas de Cartagena: estudiantes y profesores que presuntamente se desmayan en las aulas, dificultades para garantizar el funcionamiento de la institución y la suspensión de la jornada nocturna por falta de recursos.
Si estas denuncias se confirman, estaríamos frente a una situación que exige respuestas inmediatas, explicaciones documentadas y medidas concretas. Ninguna discusión presupuestal puede justificar que se ponga en riesgo la salud, la permanencia o la formación académica de los estudiantes.
Pero hay algo todavía más preocupante: las cifras no parecen estar hablando el mismo idioma. La Alcaldía sostiene que ha destinado recursos importantes para UMAYOR y cuestiona que millones de pesos permanezcan sin ejecutar. La Rectoría, por su parte, defiende su gestión, exhibe el crecimiento de la matrícula, la ampliación de programas y la expansión territorial, y sostiene que la financiación de la institución depende mayoritariamente de recursos nacionales e ingresos propios.
¿Quién tiene la razón? Esa respuesta no puede depender de quién tenga el discurso más convincente. Debe salir de los documentos presupuestales, los registros contables, los informes de ejecución y las auditorías correspondientes.
Porque anunciar recursos no significa necesariamente que estén disponibles. Aprobar una partida no equivale a transferirla. Transferir dinero tampoco garantiza que se ejecute oportunamente. Y ejecutar un presupuesto no significa, por sí solo, que los estudiantes estén recibiendo un servicio educativo de calidad.
El alcalde Dumek Turbay tiene la obligación política y administrativa de explicar con claridad qué recursos ha comprometido el Distrito, cuáles ha girado, cuáles están pendientes y qué condiciones existen para garantizar la financiación de UMAYOR. Si la Administración considera que hay dinero sin ejecutar, debe mostrar dónde está, por qué no se ha utilizado y qué mecanismos ha activado para superar los obstáculos.
Pero el rector Juan Alberto Arraut tampoco puede limitarse a presentar cifras de crecimiento institucional. Pasar de 3.512 a 7.206 estudiantes, ampliar la oferta académica de 12 a 21 programas y extender la presencia territorial son resultados que merecen ser examinados. Sin embargo, el crecimiento de la matrícula debe estar acompañado de infraestructura funcional, docentes suficientes, bienestar universitario y recursos para sostener la operación.
Una universidad no se mide solamente por cuántos estudiantes matricula, sino también por las condiciones en las que los recibe y las garantías que les ofrece para graduarse y si la jornada nocturna está suspendida, como denunció Fernando Niño, la Rectoría debe explicar las razones, el alcance de la medida y las alternativas para proteger la continuidad académica. Los estudiantes no pueden terminar pagando las consecuencias de las diferencias entre quienes administran los recursos.
También resulta necesario revisar la inversión anunciada por el Gobierno nacional. Según Niño Mendoza, durante los últimos cuatro años se habrían destinado $24.000 millones para fortalecer la infraestructura y ampliar la capacidad de la institución, incluida la construcción de 16 aulas en la sede del barrio Armenia.
Si esa inversión permitió ampliar la cobertura, la pregunta es inevitable: ¿cómo se garantiza hoy el mantenimiento y funcionamiento de esa infraestructura? Construir edificios y abrir salones es importante, pero mantenerlos en condiciones adecuadas es una responsabilidad permanente.
Por eso, los $500 millones contemplados como inversión distrital para 2027 deben analizarse frente a las necesidades reales de la institución, los recursos de otras fuentes y los compromisos presupuestales existentes. No basta con comparar una cifra aislada: hay que establecer si el conjunto de recursos alcanza para garantizar el funcionamiento y la calidad educativa.
En medio de esta controversia aparece otra propuesta que merece atención: destinar $14.000 millones del crédito público de $150.000 millones que tramita la Alcaldía para fortalecer UMAYOR. La iniciativa planteada por el concejal Armando Córdoba abre una posibilidad de discusión, pero no puede convertirse en otra promesa política sin estudios de viabilidad, destinación específica, cronograma de ejecución y mecanismos públicos de vigilancia.
Cartagena necesita saber si esa alternativa es financieramente viable, bajo qué condiciones se utilizarían los recursos y cuáles serían los resultados concretos para la comunidad universitaria. Aquí nadie puede lavarse las manos.
La Alcaldía no puede escudarse únicamente en los problemas de ejecución que atribuye a la Rectoría. La Rectoría tampoco puede responder a los cuestionamientos mostrando solamente indicadores de crecimiento. Cada administración tiene responsabilidades que deben ser examinadas de acuerdo con sus competencias, sus decisiones y los documentos que las respalden y los estudiantes no pueden seguir siendo espectadores de una confrontación en la que se discuten millones mientras sus necesidades esperan soluciones.
Los cartageneros tienen derecho a conocer públicamente el estado real de las finanzas de UMAYOR, que se haga una revisión independiente de la ejecución presupuestal y que las autoridades competentes verifiquen las condiciones de infraestructura, ventilación, salubridad y seguridad en las aulas donde se desarrollan las actividades académicas.
También se necesita una explicación documentada sobre la jornada nocturna, los recursos anunciados para 2026, las partidas proyectadas para 2027 y los compromisos que realmente puede asumir cada nivel de gobierno.
La educación pública no puede convertirse en una disputa de egos, cálculos políticos o responsabilidades compartidas que nadie termina asumiendo.
Dumek Turbay debe responder por las decisiones y compromisos de su Administración. Juan Alberto Arraut debe rendir cuentas sobre la gestión y el funcionamiento de la institución. Y los organismos de control deben revisar, dentro de sus competencias, cualquier irregularidad que llegue a estar debidamente sustentada.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de exigir transparencia, resultados y garantías. Porque detrás de cada cifra hay un joven que quiere graduarse, una familia que hace esfuerzos para sostener sus estudios y una ciudad que necesita profesionales para construir su futuro y mientras se resuelve quién tiene la razón en esta controversia, hay algo que no admite aplazamiento: los estudiantes de UMAYOR merecen aulas dignas, continuidad académica y respuestas concretas. Su futuro no puede quedar esperando a que la Alcaldía y la Rectoría se pongan de acuerdo.
