Uriel De Arco expone errores, omisiones y decisiones improvisadas que pudieron costarle millones al Distrito
Cartagena de Indias vuelve a encender el debate público tras las explosivas declaraciones del empresario, docente universitario y exgerente de Edurbe, Uriel De Arco, quien reveló la verdadera ruta técnica y jurídica que desembocó en el Tribunal de Arbitramento que tumbó los peajes urbanos y confirmó un detrimento superior a 113 mil millones de pesos.
Su testimonio desmonta la narrativa triunfalista que por años ha rodeado este caso y expone un entramado de choques políticos, omisiones administrativas y advertencias ignoradas que —según él— convirtieron un conflicto conciliable en una confrontación jurídica inevitable.
- Un laudo millonario y una historia que nunca se contó completa
De Arco sostiene que detrás del laudo arbitral no hubo heroísmos políticos ni victorias ciudadanas, sino documentos, cálculos financieros ignorados y dos años de litigio técnico. El fallo ratificó lo que la Contraloría advirtió desde 2021: que la TIR del proyecto ya estaba cumplida y que el contrato debía cerrarse. Desde ese momento, todo lo recaudado en peajes se convirtió en una sobreutilidad que debía retornar al Distrito.
Las primeras alarmas surgieron con un informe fiscal que señalaba un posible detrimento de 300 mil millones de pesos. Pero el documento también dejaba una salida abierta: “Si las partes concilian jurídicamente, el contrato podría cerrarse sin llegar a instancias mayores”. Es decir: el caos social, político y financiero que vivió Cartagena pudo evitarse, asegura De Arco.
- “No se termina un contrato a patadas”: De Arco responsabiliza a la administración Dau
En su relato, la administración de William Dau escogió el peor camino posible: el del enfrentamiento público.
Según De Arco:
- Dau rechazó reuniones clave con la concesión.
- Ignoró asesorías técnicas y jurídicas.
- Propició un ambiente de confrontación social que derivó en disturbios.
- Y presionó a técnicos para suscribir posiciones sin soporte documental.
De Arco afirma que presentó una hoja de ruta técnica que planteaba dos caminos:
- Conciliar, como recomendaba el análisis financiero.
- O, si no había acuerdo, activar los artículos 38 y 39 del contrato original, es decir, acudir al mecanismo de solución de controversias mediante un Tribunal de Arbitramento, tal como estaba pactado desde 1996.
Pero —según su versión— la administración no buscaba un análisis ni una salida jurídica sólida; solo quería que Edurbe dijera “sí”, incluso sin sustento técnico, para intentar cerrar el contrato “a las patadas”. “Envié el informe sabiendo que me iba”, recuerda. “Y aun diciendo ‘sí’, el contrato no se cerraba. La concesión no iba a dejar de cobrar. O conciliaban, o lo definía un tercero: un Tribunal de Arbitramento”.
- Cuando no hay acuerdos, el arbitraje es inevitable
Sin diálogo y sin conciliación, el mecanismo contemplado en el contrato original se activó automáticamente: el arbitraje. Tres árbitros —uno del Distrito, uno de la Concesión Vial y uno designado por la Cámara de Comercio— asumieron el caso. La concesión, viendo la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el alcalde Dau, aprovechó el informe elaborado por De Arco y consideró que someter la discusión a un tribunal era lo más sensato. En el proceso, los números terminaron pesando más que las plazas, los megáfonos y las cámaras.
El tribunal concluyó:
- La TIR estaba cumplida.
- El contrato debía cerrarse.
- El cobro de peajes debía detenerse.
- Los excedentes debían devolverse.
Una victoria por inercia, no por estrategia
De Arco asegura que la administración no ganó por habilidad técnica, sino por inercia. Mientras la Concesión Vial confió en su interpretación financiera, el Distrito simplemente dejó que el proceso avanzara… y terminó favorecido.
En sus palabras, Dau volvió a tener la misma suerte que lo llevó sorpresivamente a la Alcaldía: una victoria inesperada, producto del azar más que de la estrategia.
El empresario y docente universitario Uriel De Arco, quien fue gerente de Edurbe durante la crisis de los peajes, cierra con una afirmación que reabre el debate: “La ciudad no ganó por brillantez institucional. Ganó porque, a pesar del caos, el derecho terminó imponiéndose”.
