Colombia volvió a sentir el peso de la guerra interna. El paro armado de 72 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluyó en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre dejando un saldo trágico: al menos cinco personas asesinadas —entre ellas dos policías en el sur de Cali— y más de 50 acciones violentas en distintas regiones del país.
La medida, que se extendió durante tres días y finalizó a las 6:00 a. m., mantuvo bajo amenaza a amplios sectores del territorio nacional mediante bloqueos viales, atentados con explosivos, hostigamientos a la Fuerza Pública y acciones de intimidación contra la población civil, profundizando el clima de miedo en plena antesala de la temporada navideña.
- Regiones paralizadas por el miedo
Departamentos como Santander, La Guajira, Antioquia, Sucre, Chocó y Norte de Santander fueron algunos de los más afectados. En varias zonas rurales y urbanas, comunidades enteras se vieron obligadas a permanecer confinadas, suspender el comercio, detener el transporte y limitar su movilidad ante las amenazas directas del grupo guerrillero.
Aunque las autoridades continúan consolidando las cifras finales, los reportes preliminares indican cerca de 60 acciones armadas, incluyendo la detonación de artefactos explosivos, la instalación de banderas y grafitis del ELN como demostración de control territorial, y ataques a puestos policiales y militares.
- Una escalada que golpea el proceso de paz
Este nuevo paro armado representa una de las escaladas más recientes del conflicto armado colombiano, evidenciando la persistente capacidad del ELN para alterar la vida cotidiana y desafiar al Estado en amplias zonas del país. La ofensiva resulta especialmente contradictoria, pues se produjo pocos días después de que la organización manifestara públicamente su disposición al diálogo con el Gobierno.
Desde el Ejecutivo, el mensaje ha sido contundente: la protección de la población civil es prioritaria y este tipo de acciones no solo carecen de legitimidad, sino que profundizan las heridas de un conflicto que Colombia intenta cerrar tras décadas de violencia.
- Petro arremete contra el ELN
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al anuncio del paro armado, rechazando la justificación del ELN, que lo presentó como una respuesta a supuestas amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump contra Colombia.
“No son amenazas contra Trump, son amenazas contra Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X, acusando al ELN de haber entregado su proyecto político al narcotráfico y ordenando a la Fuerza Pública “atacar al ELN y defender al pueblo colombiano frente a cualquier amenaza externa”.
En su pronunciamiento, Petro afirmó que la guerrilla traicionó cualquier causa revolucionaria y se alineó con economías criminales, alejándose de las demandas sociales que alguna vez dijo representar.
- El impacto de los paros armados
Los llamados paros armados son una estrategia histórica de coerción utilizada por grupos armados ilegales para imponer una especie de toque de queda de facto. Bajo amenaza de violencia, obligan a la población a suspender sus actividades económicas y sociales, paralizando regiones enteras.
En departamentos como Chocó, donde estas medidas han sido recurrentes, los efectos han sido devastadores: desplazamientos forzados, desabastecimiento, interrupción de servicios básicos y graves afectaciones psicosociales en comunidades ya marcadas por la pobreza y el abandono estatal.
Para miles de colombianos, la sola declaración de un paro armado implica confinamiento forzado y una sensación de desprotección, en un país donde la paz sigue siendo una promesa frágil.
